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La hora del ‘tijeretazo’ autonómico

La Junta pedirá mañana al Gobierno, en el CPFF, ajustes más razonables en las autonomías que tengan un menor déficit

el 15 ene 2012 / 19:15 h.

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Montoro y Cospedal, en la reunión con los barones del PP.

Llegó la hora del tijeretazo autonómico. El Gobierno se reunirá mañana con las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y les demandará recortes para reconducir un déficit público desbocado -cifrado en 40.000 millones- del que el Ejecutivo responsabiliza en buena parte a las regiones. La obligación de fijar un techo de gasto, el castigo a las autonomías que incumplan los objetivos de déficit que ordena Bruselas y el adelgazamiento del sector público son los temas clave de la agenda. La Junta llevará su reivindicación de siempre: que el Gobierno no exija los mismos ajustes a todas las comunidades y que los module según éstas hayan hecho sus deberes. Andalucía, además, pedirá que las regiones se puedan beneficiar de la recaudación de la subida de impuestos estatal.


El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, expondrá a los consejeros de Economía las principales líneas de la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, que incluye establecer techos de gasto previos a la elaboración de presupuestos autonómicos. Estos límites de gasto -Andalucía ya cuenta con un tope- tendrán que ajustarse a la normativa europea que el Gobierno incluirá en la ley. Una vez fijado el techo de gasto, cada comunidad podrá diseñar libremente sus presupuestos y decidir a qué dedica cada partida. El ministro de Economía, Luis de Guindos, dejó caer que el Ejecutivo revisaría las cuentas autonómicas pero finalmente no será así. Si luego hay desviaciones entrarán en juego las sanciones.


La Junta estima que para el último ejercicio -los datos se conocerán a final de mes- volverá a desviarse del objetivo del déficit, que considera "exigente", pero sostiene que de nuevo estará por debajo de la media nacional. Andalucía tiene, según datos del Banco de España, una deuda por habitante de 1.610 euros (la media está en 2.834 euros), muy por debajo de comunidades como Valencia (4.020).


Las multas a las autonomías tendrán en cuenta los criterios de reincidencia y gravedad, aunque no se conoce más detalle. Montoro dijo la semana pasada que una de las opciones es limitar los anticipos que el Gobierno central concede a las comunidades, tal y como contempla el reglamento europeo. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, denunció que el Ejecutivo "asfixia" a las comunidades y reclamó que lo que recaude el Estado por la subida de impuestos recale en las maltrechas cuentas autonómicas. De momento, el Ejecutivo ha dado un balón de oxígeno a las autonomías ampliando de cinco a diez años el plazo para devolver al Estado los anticipos a cuenta pendientes.


La Junta calcula que el ajuste de Rajoy restará a Andalucía 3.100 millones de euros al año. Estima que perderá 1.200 millones de las entregas a cuenta del Estado a la comunidad. El resto vendría provocado por la caída del PIB que podría acarrear esas nuevas restricciones y que supondría la destrucción de 60.000 empleos, según el Gobierno de Griñán. La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, ya ha pedido a Montoro un encuentro bilateral para abordar los efectos del paquete de ajustes estatales en Andalucía. El ministro se reunió con los 12 presidentes autonómicos del PP -una cita muy criticada desde el PSOE-A- y ofreció a Aguayo una reunión antes del CPFF, pero ésta la rechazó y lo emplazó a verse después.


medidas. La misma Ley de Estabilidad Presupuestaria obligará a todas las administraciones a presentar equilibrio en sus cuentas o superávit al acabar el periodo transitorio que marca la reforma de la Constitución (a partir del año 2020), de forma que el déficit estructural no podrá superar el 0,4% del PIB y la deuda no podrá superar el 60% del PIB regional, salvo en situaciones excepcionales. Griñán reclamó también que el Gobierno tenga en cuenta la población y no el PIB de cada región a la hora de exigir esfuerzos, ya que, a su juicio, este criterio perjudica a Andalucía. Otro de los asuntos que se tratará mañana es la necesidad de reestructurar el sector público -el Gobierno asegura que hay que desmantelar 450 entes-. Andalucía alega que ya ha acometido esta reforma y que ha eliminado el 48% de sus empresas públicas, pasando de 231 a 119.


Estas son las principales líneas que expondrá el ministerio, que pretende lograr el máximo consenso con todas las comunidades, la mayoría en manos del PP. Con la futura ley, el Gobierno persigue tres objetivos: garantizar la sostenibilidad de todas las administraciones, fortalecer la confianza en las posibilidades de España y cumplir los compromisos de Bruselas. Lo que aún se desconoce es el impacto que tendrán todas las medidas en una economía que no levanta el vuelo.

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