Economía

La huelga que nadie quiere

Ni Gobierno ni sindicatos se quieren levantar de la mesa para no desencadenar la convocatoria

el 09 ene 2011 / 21:10 h.

Los líderes sindicales en una rueda de prensa.

Tres días de negociación, con encuentros maratonianos al máximo nivel -ministro de Trabajo y secretarios generales de CCOO y UGT-, y todavía no hay visos de acuerdo. Se trata de una cuestión de fuerza, también de estrategia, pero ambas partes -no sólo la oficial- soportan una gran presión, tanto de índole interna como externa.

Primero, el Gobierno. Poco llevamos de 2011 y, tras la tregua de Navidad, los mercados vuelven a atacar la deuda española, ante la desconfianza suscitada por sus cuentas públicas y el temor a que nuestro país quede al final contagiado por un hipotético rescate del vecino Portugal que ya es titular, día sí, día también, en la prensa mundial. Y que caiga una cuarta ficha del dominó de la Eurozona -después de Grecia e Irlanda- serían palabras mayores para esta área económica.

Para convencer a los inversores, el Ejecutivo ha acelerado las reformas estructurales y, en este contexto, comprometida tiene la de las pensiones. La intención y la orientación de los cambios en el sistema de la Seguridad Social están comunicadas a Bruselas y saludadas por sus socios europeos, que incluso han destacado la valentía de José Luis Rodríguez Zapatero.

Lo contrario de valentía es cobardía y un paso atrás por parte de Madrid, después de haber reafirmado su firmeza de que aprobará la reforma de las pensiones con o sin apoyo sindical y de que el retraso de la jubilación se hará sí o sí a los 67 años, lanzaría al mercado una imagen de debilidad y, además, de incapacidad para resolver los no pocos problemas de su economía y, en especial, los de sus cuentas públicas. Un descrédito que, asimismo, sería recriminado aún más por los socios comunitarios y del Banco Central Europeo que, sin reconocerlo, se afana en comprar emisiones de deuda pública de los países con problemas para evitar que los intereses que pagan los Estados se disparen y generen males peores. Cabe recordar que el peso de España en el Eurosistema es mayor que los de Grecia, Irlanda o Portugal, y su caída pondría en cuestión los cimientos mismos del euro.

Vayamos a la prolongación de la vida laboral a los 67 años. Sin duda, es la medida de mayor calado en el público y de impacto mediático, aunque la reforma de las pensiones contendrá otros cambios de igual relevancia pero a los que no se les dispensa tanta atención -quizás porque hacer sus números sea más complejo-, y en los que, por cierto, los partidos políticos sí se han puesto de acuerdo en el Pacto de Toledo. En especial, el aumento de los años de cotización para calcular la cuantía de las prestaciones.

Sin embargo, entre tal iniciativa y prolongar la jubilación más allá de los actuales 65 años media un importantísimo matiz sindical. Esta última decisión supone un quebranto de los derechos de los trabajadores -argumentan CCOO y UGT-, la primera, no, por mucho que sí afecte a los futuros pensionistas.

Hasta aquí hemos hablado de la presión externa que soporta el Gobierno. Sin embargo, a la vuelta de la esquina están los comicios municipales y las encuestas vaticinan un desplome del PSOE, que podría derivar en debacle si, al final, los sindicatos convocan la segunda huelga general en sólo cuatro meses -la primera fue el 29 de septiembre pasado y el motivo, la reforma de la legislación sobre el mercado de trabajo-.

En este contexto, no es de extrañar que el Gobierno haya optado por negociar hasta la extenuación.

Dado que los 67 años es decisión inquebrantable y así lo ha trasladado al mercado, lo único que puede ofrecer a los sindicatos es diluir esos dos años en un periodo de tiempo más amplio y se completen, pues, más tarde, o que haya más número de trabajadores que puedan acceder a la jubilación a los 65 años si tienen cuatro décadas de cotización o si realizan tareas con gran esfuerzo y desgaste.

Aunque se suavice la medida, supondría aún un recorte de derechos, de ahí las reticencias de UGT y CCOO, y entramos en materia sindical.

Las centrales son conscientes de los problemas que, a la larga, tendrán las arcas de la Seguridad Social y, por tanto, el pago de las pensiones, pero consideran que la búsqueda de recursos debe hacerse vía recaudación fiscal (aumentar los impuestos a los ricos y a las empresas) y no a costa de los trabajadores.

No son pocos los dirigentes de UGT y CCOO que desean abiertamente otra huelga general, e incluso postulan fecha, el 27 de este mes, la víspera del Consejo de Ministros que aprobará la reforma de las pensiones para después enviarla al Congreso.

No obstante, tienen la incógnita -quizás miedo- de cómo responderán los empleados a la convocatoria, habida cuenta de que el 29-S fue un paro general descafeinado, pese a los más de cuatro millones de parados que ya existían en nuestro país y que eran una masa suficiente como para hacer éxito garantizado de una huelga general.

Sin embargo, el temor a quemarse late pese a que esta vez Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez no sean tan reticentes a pronunciar sendas palabras. Por eso, y por la segura voluntad de acuerdo, están y seguirán negociando -nadie quiere ser el primero en levantarse de la mesa- hasta arrancar concesiones a los 67 años aceptables por sus bases, evitando, además, el desgaste de la calle. Y quedan apenas dos días si se quiere convocar un 27-E.

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