Los obispos animaron ayer a los padres a continuar su batalla contra Educación para la Ciudadanía pese a que el Supremo ha avalado la asignatura. La Iglesia dice que la sentencia no ha hecho cambiar su parecer y cree "inaceptable" que el Estado actúa como "educador moral".
Los obispos mantienen su postura de que el Gobierno, con la asignatura de Ciudadanía, "se arroga el papel de educador moral", algo que, a su juicio, "no es propio de un Estado democrático", aseguró ayer el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino. Para Martínez Camino, tanto desde el punto de vista moral como material, la materia "es inaceptable, viola gravemente el derecho de los padres y de las escuelas de ser los sujetos de la formación moral".
El obispo auxiliar de Madrid explicó que la Conferencia Episcopal "no ha tomado ninguna medida directa" sobre el "problema" de Ciudadanía, pero animó a "no permanecer pasivo" ante la "grave lesión del derecho fundamental de los padres y del derecho fundamental de la enseñanza y de educación, y a ejercitar las acciones legítimas que conduzcan a la defensa de sus derechos".
Martínez Camino añadió que los obispos, a la espera de estudiar y analizar en profundidad la sentencia del Supremo -que avala la clase por considerar que no adoctrina- sostienen que "siguen plenamente vigentes" los criterios establecidos en anteriores declaraciones de la Conferencia Episcopal de que el Estado "no puede suplantar a la sociedad como educador de la conciencia moral".
El juicio de la Iglesia tampoco varía en cuanto a cómo está articulada la asignatura en esos reales decretos. "Es una formación estatal obligatoria de las conciencias. El Estado no puede imponer ninguna doctrina moral, ni siquiera la católica; es contradictorio con la doctrina social de la Iglesia", precisó Martínez Camino. El portavoz abundó en que, aunque los principios de la asignatura coincidieran con los de la moral católica, "no se puede aceptar, porque si se impone la doctrina moral se viola, como hacen estos reales decretos, el derecho de los padres a que sus hijos no sean educados moralmente de manera contradictoria o distinta a lo que son sus propias convicciones morales, por eso la asignatura de religión es voluntaria, es optativa". Criticó los contenidos de la materia por ser "contraproducentes al imponer la ideología de género y el relativismo moral".
