Los primeros sistemas de localización GPS para controlar a maltratadores con orden de alejamiento respecto de sus víctimas retrasan su puesta en marcha en Andalucía ya que, a pesar de que el inicio de su andadura se fijó por parte del Gobierno central en toda España para mañana, día 24 de julio, a día de hoy, su puesta en funcionamiento "aún se está coordinando" por parte de las diferentes Administraciones implicadas.
Según informaron a Europa Press fuentes del Gobierno andaluz, esta iniciativa estatal, orquestada por los ministerios de Igualdad, Interior, Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía contra la Violencia sobre la mujer, se encuentra aún en fase previa a su desarrollo en la comunidad, en coordinación con la Junta de Andalucía --con la implicación de las consejerías de Justicia y para la Igualdad y Bienestar Social, con toda probabilidad-- y con los órganos judiciales.
Del mismo modo, aún no se ha determinado qué número de los primeros 3.000 dispositivos que comenzarían a funcionar mañana en España gestionado por la empresa Securitas Direct-Telefónica y deben de ser puestos a disposición de los juzgados de todo el territorio nacional, se destinarían a Andalucía, atendiendo a los casos de mayor riesgo.
Según anunció la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, este sistema, que cuenta con un presupuesto inicial de cinco millones de euros, contará con una red logística tal que, cualquier juez que lo solicite podrá tener el dispositivo en 24 horas, el mismo plazo que la compañía ha dado para resolver cualquier incidencia técnica.
La cifra de 3.000 dispositivos, que equivalen al 10 por ciento del total de órdenes de alejamiento que se dictaron en 2008, conforme apuntó la ministra de Igualdad, se impondrán por orden judicial en los procedimientos de violencia de género en los que se dicte una medida cautelar de alejamiento y concurra una situación de especial riesgo para la víctima. Una vez adoptada la decisión judicial, será comunicada a la empresa gestora y a las fuerzas policiales en un plazo de 24 horas para que puedan disponer de toda la información tanto de la víctima como del inculpado.
El sistema conecta al supuesto agresor y a la mujer con un centro de control único operativo 24 horas al día y todos los días del año, donde personal cualificado para ello atenderá las incidencias y trasladará toda la información relativa a las mismas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto si se trata de una incidencia técnica como si se da un caso de emergencia, conforme explicó el representante de Securitas Direct-Telefónica, Antonio Miguel Carrasco.
En el Centro de Control las alertas están clasificadas atendiendo a su gravedad. Además de recibir información a tiempo real sobre la ubicación geográfica de agresor y víctima, detecta y demarca las zonas de exclusión (aquellas a las que no puede acercarse el agresor por orden judicial) como las de inclusión (aquellas en las que se supone que debería estar en momentos determinados) para controlar el acceso el inculpado a las mismas.
UN BRAZALETE ACUATICO, CON 6 MESES DE BATERIA
Tanto el inculpado como la víctima estarán equipados con un dispositivo. En el primer caso, se trata de un brazalete ajustable a la muñeca o el tobillo que funciona como transmisor de radiofrecuencia y que lleva aparejado un dispositivo de rastreo GPS. El transmisor envía señales al centro de control para verificar que el inculpado lleva consigo el localizador y es capaz de activar una alarma en el momento de coincidir a menos de 500 metros con el dispositivo de la víctima.
El brazalete, acuático, va equipado con un sistema de seguridad que activa una alarma si el inculpado intenta quitárselo o manipularlo. También avisa al Centro de Control si se separa del transmisor de radiofrecuencia o si a la batería del mismo, de unos 6 meses de duración, le quedan menos de diez días de autonomía.
Por su parte, el equipo de la víctima, parecido a un teléfono móvil, permite la comunicación de voz y datos con el Centro de Control, incluye un sistema de localización geográfica por GPS, un botón de pánico para activar en casos de emergencia y un dispositivo de radiofrecuencia que detecta la proximidad del agresor para advertir tanto la víctima como al centro si éste quebranta la medida de alejamiento.
CASOS VIOLENCIA GENERO EN ANDALUCIA
En lo que va de año, se han producido en Andalucía seis muertes por casos de violencia de género, cinco mujeres y un varón, concretamente, tras los crímenes cometidos en Sevilla, Rociana del Condado (Huelva), Lanjarón y Piñar en Granada, La Línea (Cádiz) y Albox y Adra (Almería). En este último caso, falleció degollado Manuel L. a manos de su ex marido, quien poco después aparecía ahorcado en un paraje rural, protagonizando el primer caso de maltrato con resultado de muerte conocido en España.
El pasado año 2008, Andalucía fue la tercera comunidad por número de homicidios por violencia de género, con nueve víctimas mortales, sólo precedida de Madrid con once mujeres muertas y de Cataluña, con diez.
Por otro lado, las sentencias condenatorias por violencia de género contra la mujer con resultado de muerte ascendieron a siete durante el pasado año 2008, según los datos de la Memoria sobre la Mujer y Violencia Doméstica de la Fiscalía Superior de Andalucía consultados por Europa Press.
La Fiscalía llama la atención sobre el aumento "progresivo" de la violencia contra la mujer extranjera por parte de su marido o compañero sentimental, poniendo especial énfasis en el hecho de que la mayoría de estas mujeres proceden de países latinoamericanos, Europa del Este y Marruecos, "donde el factor sociocultural e incluso religioso de los países de procedencia juegan en contra de los derechos de la mujer".
En general, las sentencias dictadas por los distintos juzgados andaluces por violencia de género ascendieron a 5.120 durante el pasado año 2008, lo que significa un incremento del 17,7 por ciento respecto a 2007, cuando se dictaron 4.216.
Concretamente, de los 5.120 procedimientos sentenciados, de los que 1.979 concluyeron en condena, 1.615 en la absolución del acusado, y 1.526 fueron sentencias de conformidad. Por su parte, en 2007 fueron 1.628 los fallos condenatorios; 1.116 los absolutorios, y 1.472 los que finalizaron en conformidad.
