La pequeña comunidad del número 45 de la calle Bécquer vio alterada su rutina esta semana. El suelo de la cocina de una de las dos viviendas del bajo se quebró y su ocupante, después de décadas resistiendo entre humedades, barreras arquitectónicas y paredes desconchadas, tuvo que ser desalojada por la Gerencia de Urbanismo. Josefa Barrero –Pepita, como quiere que la llamen– se ha quedado ya sólo con una vecina.
A sus más de ochenta años, ni siquiera el miedo a que le ocurra lo mismo le borra la sonrisa. Vive sola desde hace años, nunca se casó y su hogar, su principal arraigo, está en medio de un complejo laberinto burocrático del que ella es completamente ajena.
Su casa, que ha tratado de acondicionar como ha podido en estos años –un apaño en las escaleras para no volver a caerse, un cuchillo atravesado entre las dos hojas de la puerta que da al patio para evitar la desprotección– ha incumplido las normativas de seguridad urbanística. Su propietario, con el que sólo le unen los 20 dígitos de una cuenta corriente en la que ingresa mensualmente unas cuotas mínimas, tiene un expediente de expropiación abierto desde hace años. Su edificio, en el que vivió su abuela, luego sus padres y ahora ella, tiene un proyecto para convertirse en un bloque nuevo de VPO en el que habría un sitio para ella, que ahora está bloqueado al desistir la Junta de Andalucía de llevarlo a cabo. Y, mientras todo esto ocurre, Pepita sigue al margen, sumida en su rutina y en los recuerdos de sus años en Alemania o de sus estudios de bachillerato; y en un edificio con evidentes signos de deterioro. Los trámites y los problemas legales no han cambiado su rutina. Hasta que esta semana se cayó el suelo de la cocina de su vecina. Y ahora no sólo está más sola, sino que Urbanismo revisará el estado del inmueble y podría realojarla.
Sigue los pasos de otros inquilinos con contratos de renta antigua que han tenido que dejar sus hogares ante el riesgo de continuar en ellos. Tras el listado de doce edificios a los que renuncia la Junta en su escrito remitido a Urbanismo hay más de una decena de personas que viven en pisos facilitados por la Oficina Técnica de Atención al Inquilino en Situación de Abuso (Otainsa) –dirigida por IU– aferrados al compromiso de regresar a sus viviendas con unos alquileres indefinidos y que no se adaptan a los precios del mercado al depender de una ley anterior a los 80.
“Yo quiero volver, me fui con esa condición, pero no sé si me dará o no tiempo, por lo complicado que me dicen que está todo”, explica Pilar de Aspe, realojada en un piso de Pino Montano, ante el deterioro de su vivienda en Escuelas Pías 11-13. De aquella etapa de su vida, que duró casi cinco décadas, le quedan recuerdos buenos y malos que conforman para ella una imagen amarga: “Vivía allí bien, y tenía todo mi ambiente. Pero vivía con miedo. Los corredores del patio interior por el que entrábamos a las casas llevaban años apuntalados y el edificio estaba casi en ruinas. En el bajo vivíamos dos vecinas. Cuando estábamos juntas, nos sentíamos protegidas. Cuando una salía, la otra la esperaba asustada”.
Pilar lleva un año adaptándose a la vida que le han dado desde Urbanismo y esperando poder regresar a la suya. Otras, como Josefa Nolasco y Concepción Ramírez, de Bécquer, 47, llevan ya dos años en San Jerónimo. El propietario de su inmueble, como recuerda una de ellas, intentó una declaración de ruina que le liberara del compromiso del alquiler. Pero Urbanismo lo frenó. Y entró en el listado de edificios para expropiar y rehabilitar. En un entramado administrativo y económico para el que aún no se vislumbra una salida.
