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La incomprensible sanción del CGPJ al juez Tirado

Como era previsible, la decisión del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de mantener una multa de 1.500 euros al juez Rafael Tirado por el "retraso injustificado" que permitió que Santiago del Valle estuviera en libertad y asesinara a la niña Mari Luz...

el 15 sep 2009 / 20:19 h.

Como era previsible, la decisión del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de mantener una multa de 1.500 euros al juez Rafael Tirado por el "retraso injustificado" que permitió que Santiago del Valle estuviera en libertad y asesinara a la niña Mari Luz en una fecha en la que debía estar cumpliendo en prisión una pena por abusos sexuales ha reavivado una cruenta polémica en torno a una sanción tan magnánima. Al final, y a expensas de lo que dicte en un futuro el Tribunal Supremo tras el recurso que anunció ayer la Fiscalía General del Estado, se ha vuelto al punto de partida de este escándalo judicial. Y éste no es otro que el hecho de que el juez que ha cometido un error con consecuencias tan gravosas pagará por su fallo con una sanción ínfima que pocos comprenden y que el padre de la niña asesinada califica de "verguenza nacional".

Esto no quiere decir que los argumentos de los catorce vocales del CGPJ que han apoyado la imposición de la multa, sobre un total de 21, no sean impecables desde un punto de vista jurídico. Tal vez lo sean, pero lo que cabe reseñar es que el pederasta mató a una niña de cinco años en Huelva cuando debía de estar metido en una cárcel de Sevilla y, sin embargo, lo que aquí se ha dirimido es si el juez cometió un retraso injustificado pero puntual (falta grave) o si su dejación de responsabilidad en la ejecutoria de las sentencias fue continuada (muy grave). Dicho de otro modo, que hay una distancia enorme entre lo que se ha juzgado por parte del CGPJ y el terrible daño cometido como consecuencia de una acción judicial que, como mínimo, se puede calificar de irresponsable.

Aquí vale de poco saber que los ponentes que han apoyado el mantenimiento de la multa provienen de la carrera judicial o que los cinco que optaban por quitar a Tirado del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla eran de "extracción política" (votaron en favor de esta sanción tres vocales propuestos por el PSOE y los dos elegidos por PNV y CIU). Lo grave, como decimos, es que la discusión se ha ceñido al cumplimiento de una legalidad que se aleja gravemente del concepto que tienen de la justicia la mayoría de los españoles.

El Gobierno anunció ayer, tras conocer la decisión, que estudiará la reforma en profundidad del régimen disciplinario de los jueces y que llevará al Parlamento una ley para evitar que hechos así puedan repetirse. Es evidente que no tenía otra opción si no quería dar la impresión de estar atado de pies y manos por una reglamentación que minusvalora los fallos de los magistrados, pero hacer pública esta reforma minutos después del fallo del Poder Judicial hace pensar en que el ministro de Justicia, el mismo Mariano Fernández Bermejo que no se recataba de pedir en público que sancionaran con tres años de suspensión al juez Tirado, ha decidido dar un golpe de efecto que aplaque los ánimos de una sociedad que asiste, cada día más desconfiada, a una batalla entre el Gobierno y los jueces preñada de quejas por la precariedad de medios y de acusaciones de corporativismo.

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