Instalaciones de Siderúrgica Sevillana, ubicada en el municipio de Alcalá de Guadaíra, en una imagen de archivo. Foto de Javier Cuesta
La factura de la luz, que subirá con el inicio del año un 2,3 por ciento para los hogares que tienen su tarifa regulada (TUR) y que está envuelta en la polémica por las sombras en la configuración del recibo y la opacidad de quienes participan en las subastas de energía, tiene también otra cara, la que están sufriendo la industria y el campo, que han visto en el año que acabamos de despedir cómo se han encarecido sus costes hasta el punto de hacerlos prácticamente insostenibles.
Siderúrgica Sevillana, una de las grandes empresas industriales que persisten en la provincia sin deslocalizarse pese a la crisis, ha sido la punta de lanza, la primera en alzar la voz y advertir del riesgo real que supone el vaivén normativo del Gobierno en materia energética y de cuyos precios, sobre todo para las industrias productivas, la agroindustria y la agricultura especialmente el regadío, depende una parte muy importante de los costes fijos de su actividad, ésos que no está en manos propias mejorar por más que se trate de ser competitivo.
Dos son los principales problemas a los que se enfrentan, pero el primero es común. No saben a qué responde, pero lo cierto es que durante 2013 los precios de la electricidad se han disparatado de manera que en diciembre el precio del megavatio/hora (MWh) ha llegado a duplicar y hasta a triplicar su precio comparado con el año anterior, pagando 90 euros por el megavatio que doce meses antes costaba 30, reseña Manuel Castro, responsable de Relaciones Institucionales de Siderúrgica Sevillana. Las explicaciones no se sostienen, no hay justificación técnica para esta volatilidad de precios, asegura. Y de ahí que lance la siguiente reflexión que conecta, además, con el segundo problema. ¿En qué quedamos? ¿Si la red eléctrica española es tan buena y tenemos un exceso de potencia, por qué no bajan los precios? ¿Y si la red eléctrica es débil y necesita de estabilidad, por qué modifican el contrato de interrumpibilidad de las grandes industrias?, se pregunta. Y es que el pasado 1 de noviembre el Gobierno publicó en el BOE una Orden Ministerial que sorprendió al sector industrial. Siderúrgica Sevillana es una de las 150 empresas en España que tenía firmado con el operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE), un contrato por el que estas compañías son desconectadas de la red eléctrica en los momentos de mayor demanda de electricidad para garantizar su estabilidad. Piensen, por ejemplo, en una noche de verano especialmente calurosa con todos los aires acondicionados en marcha. Pues en casos como ése, REE desenchufa a las grandes industrias que son las mayores consumidoras de energía y, como contraprestación, las empresas reciben unos determinados ingresos, que hasta ahora eran fijos. Sevillana ha venido recibiendo por este concepto unos 8 millones de euros al año. Pues a partir de ahora, con la nueva normativa, pasará a ingresar entre 500.000 y 600.000 euros.
Este cambio normativo, que afecta sobre todo a empresas siderúrgicas, químicas, cementeras, cerámicas y papeleras, supone, a juicio de Castro, una discriminación porque, a falta del desarrollo normativo, favorece a cuatro grandes industrias ubicadas en el Norte de España al sustituirse ese acuerdo pactado por la fórmula de la subasta en la que se priman factores que sólo pueden ofrecer esas grandes industrias.
Y aunque la nueva fórmula no se aplicará hasta mediados del año 2014, los efectos serán muy dañinos sobre la producción, los costes y el empleo. Es un ataque brutal a nuestra competitividad porque no se basan en criterios técnicos, sino puramente económicos, lo que redundará negativamente en su negocio exportador, al que destina el 70 por ciento de la producción.
Siderúrgica se lamenta de que en las últimas dos décadas ha invertido en su planta de Alcalá de Guadaíra unos 25 millones para adaptar la maquinaria e instalaciones a esta forma de trabajar, de manera que su producción se concentra en turnos de noche y fines de semana, con el esfuerzo que implica para la plantilla. Por esta razón, la compañía del grupo italiano RIVA prepara dos recursos contra esta Orden Ministerial del Gobierno por la vía contencioso-administrativa, una individual, y otra que presentará en su nombre y en el de otras empresas la patronal del sector Unesid.
Además de la batalla judicial, han emprendido otra, instando a todas las administraciones y patronales a que actúen contra esta medida. Así, el Ayuntamiento ha aprobado una moción de apoyo y la Junta ha recibido las quejas formales de la Cámara de Comercio de Sevilla y de la Confederación de Empresarios (CES), que piden al Gobierno que rectifique y no ponga más trabas a un sector industrial ya bastante castigado. En este sentido, el presidente de la Federación de Industriales y Comerciantes de Alcalá (FICA), Carlos García Gandul, puso el acento en los perversos efectos sobre la exportación, clave en momentos en que el mercado nacional permanece estancado y del riesgo de deslocalización de la industria que hasta ahora había resistido.
