El cambio legal en las primas a la energía termosolar trae cola en la comunidad andaluza. Así, la Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía (Aprean) pidió ayer al Gobierno de la Nación que escuche a los empresarios del sector como principal afectado en la posible reforma de la citada normativa, que calificó de "tremendamente inaceptable" por la "parálisis" que provocaría en una industria creadora de empleo y riqueza. Una reversión del liderazgo que ahora ejerce Andalucía en termosolares.
El presidente de Aprean, Mariano Barroso, subrayó que "no se pueden alterar las reglas del juego a mitad del camino" y mostró su incertidumbre ante lo que pueda ocurrir en el sector a partir de pasado mañana si sale adelante en el Congreso la enmienda de planteada por CiU para derogar el mecanismo de Registro de Preasignación para las energías renovables, una enmienda que ya ha sido aprobada en el Senado.
En este sentido, explicó que los proyectos que desarrolla este sector cuentan con una vida media mínima de 20 años, ante los que "no caben imprecisiones normativas ni constantes cambios", de ahí que se preguntara qué entidad financiera financiará a estas instalaciones renovables, con costes que ascienden a 300 millones de euros por cada planta, si no existe certeza de los beneficios que obtendrá.
"No se puede parar un sector en auge con este tipo de decisiones", recalcó el directivo, quien recordó que esta industria es "clave" para un cambio del modelo económico y ante un "panorama de crisis" en el que, sin embargo, el sector termosolar aporta creación de empleo.
Barroso reconoció que la normativa puesta en funcionamiento esta primavera se aceptó "más mal que bien", ya que obligó a las empresas a recabar "exhaustivas" documentaciones para obtener los permisos pertinentes para las centrales, una nueva documentación que suponía costes adicionales de 30.000 euros por expediente.
Por su parte, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, solicitó ayer al PSOE que el próximo jueves "se plante" en el Congreso de los Diputados ante el "cambio de reglas del juego" en el sector de las energías renovables, ya que supone una "puñalada por la espalda" al sector y al empleo en Andalucía.
Sanz lamentó que en el Senado se haya aprobado la enmienda planteada por CiU, y conminó, pues, a rechazarla.
La derogación de este artículo acarrearía una "agresión", ya que pondría en peligro 10.000 empleos y la pérdida de 5.000 millones de euros en España, según Sanz, quien añadió que esta es la prueba que ni el PSOE andaluz ni el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, "pintan nada en Madrid". El dirigente del PP se quejó, asimismo, de que Griñán permita que se le marque un gol a Andalucía "por toda la escuadra", ya que el de las energías renovables es un sector que necesita seguridad a largo plazo.
Unos 3.000 millones de euros en inversiones y 7.000 empleos se la juegan con este cambio legal que deja en el aire la decena de plantas termosolares que se construyen en la comunidad.
EXTREMADURA. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, pidió ayer, en un escrito remitido a la Presidencia del Gobierno, que el Congreso rechace la enmienda de CiU que regula las instalaciones de energía renovable en España, en concreto la termosolar.
Los términos de la carta fueron tratados en el seno de una reunión de trabajo celebrada ayer entre el propio presidente extremeño y los representantes de los agentes sociales y económicos de la región.
En el escrito, Fernández Vara reclama, entre otras cosas, que es necesario paralizar dicha derogación porque algunas de las plantas afectadas ya se encuentran en avanzado estado de construcción y por la desconfianza e inseguridad que dicha medida generaría en los inversores.
El presidente extremeño reconoce en su misiva al Gobierno, como lo hace el propio sector energético, que es necesario regular de forma “equilibrada y estable” dicha industria para que éste “pueda tomar decisiones a medio y largo plazo”.
