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La industria tendrá que limitar los olores e informar de su riesgo

El decreto requerirá estudios más estrictos y permite a los ayuntamientos controlar la contaminación

el 12 jul 2011 / 21:02 h.

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Luis Alberto firma su renovación con Víctor Orta. (Foto SFC)

Un nuevo decreto aprobado ayer en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía pone a prueba la calidad del medio ambiente atmosférico y la emisión de gases de efecto invernadero, al tiempo que permitirá a los ciudadanos conocer datos relevantes acerca de las condiciones ambientales cuando se lleguen a valores contaminantes perjudiciales para su salud.

 

Así lo abordó ayer la consejera de Presidencia, Mar Moreno, que presentó todos los acuerdos a los que se llegó ayer en el Consejo de Gobierno. Entre los más destacados se encuentra dicho proyecto que tiene como objetivo reforzar las medidas contra la contaminación que tienen su origen en los primeros planes correctores en las concentraciones industriales de Huelva y la Bahía de Algeciras a finales de la década de los 80. Según los últimos datos anuales, correspondientes a 2010, en Andalucía se emitieron 54 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, casi un 4% menos que en 2009.

Se trata de una norma con la que "se va a trabajar coordinada y conjuntamente con los ayuntamientos", según dijo ayer el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, ya que especifica las responsabilidades que deben ejercer tanto las instituciones autonómicas como locales desde las cuales se podrá llevar a cabo inspecciones, siendo, según la Junta, el primer decreto en España que aborda la diferencia entre competencias y va dirigido a reforzar la autonomía local en la materia.

En este sentido, la nueva normativa contempla planes de calidad atmosférica de dos tipos: de un lado, se llevarán a cabo planes de mejora sobre las zonas en la que los niveles contaminantes ya superan los valores límites, y de otro, se ejecutarán planes de acción a corto plazo sobre áreas en riesgo de superar los límites establecidos.

En lo que respecta a la regulación de olores, a partir de este decreto se podrá solicitar a las personas titulares que lleven a cabo actividades potencialmente contaminantes la realización de estudios sobre el impacto en el entorno y se les podrá requerir la adopción de medidas correctoras. Asimismo, se aplican dos criterios a la hora de regular los valores límites que son la calidad ambiental del entorno y las mejores técnicas disponibles. Así, la nueva norma incorpora requisitos técnicos imprescindibles que debe cumplir la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía.

Finalmente el decreto regula también, por primera vez en Andalucía, la difusión de información desde la Administración autonómica y desde los ayuntamientos de municipios de más de 100.000 habitantes sobre datos relevantes cuando superen los valores de referencia y los umbrales de alerta en las concentraciones de contaminantes en la atmósfera.

Además del acuerdo en materia de contaminación, ayer fue aprobado otro de gran importancia para el medio ambiente: aquél que establece la ordenación y gestión del Espacio Natural de Sierra Nevada por el que se renueva la planificación de este territorio de 172.000 hectáreas mediante la reordenación de los recursos y el desarrollo sostenible, "aprovechando la rica biodiversidad de la dispone este espacio", dijo el consejero.

Finalmente, cabe reseñar en materia de Educación otro proyecto de decreto aprobado en Consejo de Gobierno que autoriza una partida de 29 millones de euros para financiar el servicio de aula matinal en 1.480 centros públicos andaluces mediante la contratación de más de tres mil monitores y beneficiando a 65.000 alumnos.

 

Epsa rehabilita vivienda

La Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) firmará dos operaciones de crédito por importe de 85 millones de euros para el desarrollo de obras de rehabilitación en 13.338 viviendas, según aprobó ayer el Consejo de Gobierno. Esta autorización supone la garantía de la Junta de Andalucía a un préstamo de 50 millones con Unicaja y a una póliza con BBVA por 35 millones. Ambos contratos permitirán concluir obras en marcha dentro de los programas de ayudas que la Administración regional concede a propietarios para la renovación singular de instalaciones en edificios (ascensores, fachadas, cubiertas y redes de suministro) y para la rehabilitación de viviendas en centros históricos y barriadas.
Los proyectos vinculados suponen una inversión global de 96,7 millones de euros.

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