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La "inexperiencia" del Parlamento obliga a retrasar la comisión ERE

La investigación aplaza hasta final de agosto las citaciones al no poder localizar la Cámara a 13 de los 25 comparecientes.

el 09 jul 2012 / 13:19 h.

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El calendario de comparecencias aprobado por la comisión parlamentaria que investiga el fraude de los expedientes de regulación de empleo es papel mojado. Las citaciones no empezarán el 23 de julio ni terminarán el 3 de agosto, como se anunció hace sólo cuatro días. Pese a que la documentación requerida para la investigación fue aprobada el pasado 2 de julio, "el Parlamento aún no ha cursado la solicitud de información a las instancias pertinentes y tampoco se ha logrado localizar a 13 de los 25 comparecientes" que deben declarar, explicó ayer a este periódico el diputado de IU y presidente de la comisión, Ignacio García.

La primera ronda de comparecencias se retrasó ayer sine die, probablemente hasta finales de agosto o principios de septiembre, dijo García. Pero eso dependerá del tiempo que se tarde en recopilar la documentación necesaria (la mayor parte la debe aportar la Junta) y la localización de los testigos. El presidente de la comisión recordó que en el inicio del proceso "se le pidió a los grupos parlamentarios que facilitasen la dirección de los comparecientes con vinculación o adscritos a sus partidos, y ninguno lo hizo". Entre los 25 nombres, hay 22 ligados al PSOE, al actual Gobierno o al gabinete anterior, y los otros tres son del PP (Javier Arenas, juan Ignacio Zoido y Eduardo Zaplana). Ahora el Parlamento requerirá a la Policía Autonómica que busque la dirección de los 13 nombres que faltan. García sólo mencionó al exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, entre los "difíciles de encontrar".

La comisión reunirá mañana a los tres grupos (PSOE, PP e IU) para aprobar un nuevo calendario, pero sin alterar el orden de comparecientes. El criterio para llamarles seguirá siendo de "menor a mayor nivel de responsabilidad política" en la concesión de ayudas bajo sospecha, "y agrupados por consejerías". Según lo previsto, el primero en declarar será el exdiputado socialista y exasesor de la Consejería de Empleo, Ramón Díaz. Los últimos serán Zoido , Zaplana y Arenas , y los presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán .

García quiso explicar ayer que el nuevo parón de la comisión se debe a "problemas técnicos" y que a la larga, recopilar toda la información y dar a los comparecientes tiempo para responder y preparar su interrogatorio no hará sino "dar más rigor" a la investigación. Pero no ocultó estar molesto por este nuevo inconveniente, del que responsabilizó a la "falta de experiencia del Parlamento". "En 17 años no ha habido una comisión de investigación, y no sé cuánto ha podido influir eso en esta cuestión. Ni entre los funcionarios ni en el conjunto los diputados de este Parlamento había un conocimiento claro de los pasos a seguir", dijo.

Hace sólo unos días, cuando se anunció el calendario de comparecencias, el presidente de la comisión creía que había tiempo suficiente. Sin embargo, ayer reconoció que "en muchos casos por la Ley de Protección de Datos resulta difícil, incluso para un Parlamento, conseguir el domicilio de determinadas personas". A García le preguntaron si consideraba una "chapuza" el proceso, y éste rechazó rápido tal adjetivo. No obstante, apuntó: "en todo caso, si se habla de chapuza no es achacable a la comisión", dijo, e insistió en que los servicios técnicos y jurídicos del Parlamento son los que cursan las solicitudes de documentación y las citaciones, "no la comisión".

El retraso de las comparecencias hasta septiembre también tiene una explicación legal: se hace para dar seguridad al cumplimiento del plazo de citación, que tiene que ser de 15 días antes de la fecha fijada para cada testigo. El calendario anterior, habida cuenta de que ni la solicitud de información ni las citaciones aún han salido del Parlamento, "no permite garantizar los derechos de los comparecientes de disponer de 15 días para preparar su declaración". Tampoco los miembros de la comisión tendrían tiempo para preparar su interrogatorio, algo que ya denunció el PP cuando se hizo público el calendario anterior. Las 25 citaciones se condensaron en 10 días, tres por día, con tres horas de interrogatorio para cada uno. 

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