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La iniciativa antidesahucios de la Junta la suscriben ya 35 municipios

La consejera Elena Cortés lamentó ayer la ausencia “irracional” del Gobierno de Zoido

el 16 jul 2013 / 20:44 h.

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Un total de 35 municipios de la provincia de Sevilla se han adherido ya al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda puesto en marcha por la Consejería de Fomento y Vivienda y que ha supuesto la apertura de oficinas provinciales de asesoramiento, intermediación y protección para combatir los desahucios en la Comunidad. La consejera del ramo, Elena Cortés, lamentó ayer la ausencia de la capital sevillana en dicho programa, de forma que “de manera irracional, el Ayuntamiento de Sevilla elimina la posibilidad a los sevillanos de emplear esa herramienta que se ha manifestado útil”. Elena Cortes ha firmado con los alcaldes de Aznalcázar, Brenes, La Puebla de los Infantes, Las Cabezas, Los Corrales, Martín de la Jara, Olivares y San Juan de Aznalfarache el convenio de apoyo de estos municipios al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. Foto: J.M. Espino Elena Cortes ha firmado con los alcaldes de Aznalcázar, Brenes, La Puebla de los Infantes, Las Cabezas, Los Corrales, Martín de la Jara, Olivares y San Juan de Aznalfarache el convenio de apoyo de estos municipios al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. Foto: J.M. Espino Cortés rubricó ayer con los alcaldes de Aznalcázar, Brenes, La Puebla de los Infantes, Las Cabezas, Los Corrales, Martín de la Jara, Olivares y San Juan de Aznalfarache el convenio de apoyo a la iniciativa, con lo que estas nuevas ocho incorporaciones permiten elevar a 214 el número de municipios que en toda Andalucía han mostrado su respaldo a “una herramienta que ofrece resultados concretos en la vida de miles de personas a los que la administración está dando servicio y apoyo en un tránsito muy difícil”, destacó la responsable del ramo. “Se está aumentando el bloque institucional de ayuntamientos en contra de los desahucios y a favor del derecho humano a la vivienda”, agregó la consejera, quien apuntó que este programa “forma parte de los contrapesos de los gobiernos frente al poder casi todopoderoso de las entidades financieras”. De esta forma, destacó que “se pone a la política municipal al servicio del interés general de aquellas familias que están atrapadas en la estafa hipotecaria o pueden estar en un proceso precio a la pérdida de la vivienda o inmersos en un proceso de ejecución hipotecaria”. Preguntada por el hecho de que el Ayuntamiento de Sevilla capital no se haya adherido a dicho programa, Cortés lamentó que el consistorio hispalense “priva así a los ciudadanos de Sevilla de una herramienta potente que se ha manifestado útil”. “De manera irracional el Ayuntamiento de Sevilla está eliminando una posibilidad para los ciudadanos de formar parte de ese bloque”, dijó luego la consejera, quien hizo un llamamiento a los propios ciudadanos de Sevilla capital para que “entren en el programa a través de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda donde directamente pueden hacer uso de esta iniciativa”. El Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, que se puso en marcha el pasado 8 de octubre, y cuya característica fundamental es “romper la neutralidad y no mantener la equidistancia entre la entidad financiera que pretende ejecutar el lanzamiento y las familias, sino que nos ponemos al lado de las familias y del derecho humano a la vivienda”. Recordó además que ese programa “estaba muy reforzado por ese decreto ley para hacer cumplir la función social de la propiedad, que persigue varios objetivos, esto es, no es posible que haya gente sin casas y casas sin gente, hay que cumplir la función social de la propiedad y respeta el artículo 33 de la Constitución”. La consejera precisó que la oficina provincial de Sevilla ha contribuido a evitar 495 desahucios en sus ocho meses de funcionamiento. Desde su apertura, la oficina de Sevilla ha recibido 1.243 visitas, abriendo un total de 669 expedientes. De ellos, 112 se han tramitado en el área de prevención, 495 en la de intermediación y 62 en la de protección. A ello se suma la posibilidad, en caso de que se cumplan los requisitos, de que las familias se beneficien de la expropiación temporal del uso de sus viviendas.

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