Las redes delictivas de tráfico de personas han movilizado en los últimos diez años un volumen de negocio que puede ascender hasta los 2.000 millones de euros. El coste del viaje a Europa que han de pagar los inmigrantes ilegales oscila entre los 500 euros -en el 35% de los casos- a los 3.000 euros, en el 26% de los supuestos.
Estos son algunos de los datos más significativos de una encuesta realizada en Senegal y Marruecos a través del proyecto europeo Infomigra que lidera la Generalitat Valenciana y que fue hecho público ayer por el consejero de Inmigración, Rafael Blasco, con motivo de un seminario celebrado en Valencia.
El informe recoge que en Senegal, la familia de quien emigra, en su mayoría, tiene una situación económica pobre, con carencias y con necesidades básicas. En este sentido, deposita en el inmigrante la responsabilidad y la esperanza de mejorar la situación económica y socialmente por ser el referente que puede elevar el estatus de la familia.
Del mismo modo, los familiares de las personas que emigran tienen una opinión positiva del proceso migratorio para escapar de la falta de medios. Así, más de la mitad de los entrevistados tiene actualmente familiares viviendo en el extranjero.
