El juzgado de lo Social número 2 de Sevilla acogió ayer un juicio en el que la Inspección de Trabajo reclama a la empresa pública de suelo de la Junta, EPSA, más de medio millón de euros por cotizaciones que debe a la Seguridad Social al considerar que tres aparejadores y arquitectos que prestaron sus servicios para la empresa entre 2006 y 2011 como autónomos eran en realidad trabajadores de la misma que usaban sus instalaciones, material y se regían por los mismos horarios y vacaciones del resto del personal de EPSA. Según informaron fuentes del caso, a raíz de la denuncia a la Inspección de uno de ellos en octubre de 2010, los inspectores se personaron en su centro de trabajo y levantaron un acta de liquidación no de infracción al no encontrar mala fe por considerar irregular la contratación de sus servicios (trabajaban en el programa de instalaciones de ascensores subvencionados) por la vía de contratos administrativos de asistencia técnica. La Inspección entiende que se trata de falsos autónomos por lo que demanda a EPSA el pago de las cotizaciones atrasadas a la Seguridad Social desde 2006, que con un 20% de recargo suponen más de medio millón de euros, y el reconocimiento de una relación laboral que les permitiría recibir una prestación por desempleo desde la finalización de su contrato en 2011. De hecho, 13 de los afectados recurrieron en su día el despido y éste fue declarado improcedente por los tribunales por lo que recibieron una indemnización. En el juicio de ayer, que no quedó visto para sentencia ya que el juez dio diez días a las partes para que estudiaran la abundante documentación aportada por la parte contraria para plantear alegaciones, la Inspección de Trabajo estuvo representada por la Abogacía del Estado mientras que los servicios jurídicos de EPSA ejercieron de defensa. La Consejería de Fomento, de la que actualmente depende la empresa pública, solo quiso declarar que estas contrataciones corresponde a un periodo anterior al actual Ejecutivo autonómico (este departamento está actualmente en manos de IU en virtud del pacto de Gobierno que PSOE e IU suscribieron tras las elecciones de 2011) y que ahora no existe ningún trabajador en EPSA con ese tipo de contrato sin entrar a valorar si está mal o bien, ya que eso lo dirimirán los jueces. No son las únicas contrataciones irregulares de la Junta en el punto de mira . En el mismo juzgado se celebró ayer otro juicio en el que la Inspección de Trabajo reclamaba también las cotizaciones a la Seguridad Social atrasadas por nueve empleados de la Consejería de Medio Ambiente (hoy de Agricultura y Medio Ambiente) considerados también falsos autónomos, aunque en este caso no ha trascendido la cantidad reclamada ni el periodo de los contratos, también anteriores a 2011.
