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La instructora descarta que la juez de Mercasevilla tenga ideas preconcebidas

La magistradan Auxiliadora Echavarri ha admitido a trámite el incidente de recusación de Mercedes Alaya. En un auto, insta a Mercasevilla a que aclare la relación del marido de la juez con la empresa, pero rechaza que éste sea citado a declarar.

el 15 nov 2010 / 15:14 h.

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La titular del Juzgado de Instrucción número 6, Mercedes Alaya.

La magistrada encargada de instruir la recusación de la juez Mercedes Alaya ha dado a Mercasevilla dos días para que aclare la relación laboral que el marido de ésta tenía con la empresa pública y hasta cuándo estuvo prestando sus servicios. Éste será el único argumento que se investigará de los planteados por los abogados defensores para apartar a la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la investigación de la causa abierta por un supuesto delito societario, ya que la instructora rechaza que Alaya tenga "ideas preconcebidas" sobre el caso y califica de "extemporánea" esta alegación.

En un auto notificado ayer a las partes, la magistrada de la Sección Primera Auxiliadora Echevarría admite el incidente de recusación planteado por las defensas de los imputados, pero de entrada ya descarta cualquier prejuicio de la juez por el simple hecho de estar también instruyendo las otras dos causas relacionadas con Mercasevilla (las supuestas comisiones ilegales y la presunta venta irregular de los terrenos). "El simple hecho casuístico de que la instructora esté instruyendo otras causas contra los mismos imputados o algunos de los mismos imputados, con aplicación de las vigentes normas de reparto no puede per se comprometer la imparcialidad de la misma", señala el auto.

En cuanto al conocimiento extraprocesal que la juez de Mercasevilla pueda tener sobre el caso gracias a que su marido, Jorge Castro, auditó las cuentas de la empresa pública, la magistrada admite que se investigue como causa de la recusación. El objetivo es "comprobar con la debida certeza el dato objetivo de la intervención que haya podido tener como auditor".

Mientras que las defensas alegaron que la empresa KMPG, en la que trabajaba el esposo de la juez, llevó las cuentas hasta septiembre 2002 y que el objeto de la investigación podría extenderse hasta ese periodo, la titular de Instrucción 6 asegura que "el dato contable más antiguo que es objeto de la presente investigación corresponde al ejercicio de 2005", por lo que rechaza su recusación. Por ello, al no constar documentación que acredite "la participación del marido de la magistrada recusada en los trabajos de auditoría de las cuentas de Mercasevilla correspondiente al año 2002, ni consta que la firma KMPG Auditores S.L. auditase las cuentas del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2002", la magistrada requiere a la entidad pública para que "en el término de dos días informe durante qué periodo de tiempo la firma KPMG auditó las cuentas, y concrete de forma expresa cuáles fueron los servicios como auditor y respecto al ejercicio fiscal y contable de 2002 prestara el señor Castro".

Sin embargo, Echevarría rechaza tomar declaración al marido de la magistrada, ya que lo considera "innecesario", pues se trata de "un dato objetivo e incuestionable admitido por la propia magistrada, que su marido participó como miembro del equipo de la firma KPMG, en los trabajos de auditoría, al menos hasta 2001". Tampoco considera la juez necesario que testifiquen seis empleados de Mercasevilla para aclarar si una de las imputadas coincidió con el marido de la juez en la empresa pública. En cambio, sí reclama que se expida testimonio de "la escritura de subrogación del derecho de superficie en favor de Sando" y del acta de la junta general del 30 de septiembre de 2002.

Un cerco a la magistrada, del que se aparta el PP

La recusación de la magistrada Mercedes Alaya ha sido secundada por todas las partes personas en el caso, incluida Mercasevilla y su Fundación y la propia Fiscalía de Sevilla, que dio un sorprendente giro en su razonamiento. El único apoyo que ha encontrado la juez ha sido el del PP, que ejerce la acusación popular, para el que no hay motivo alguno para apartar a la juez del caso.

No obstante, la postura de la Fiscalía no es tan radical como la de las defensas, que creen que la instrucción de la juez puede estar impregnada de subjetividad. El fiscal no apoya esta tesis, pero sí cree que el hecho de que su marido haya sido auditor de las cuentas puede ser un motivo claro para apartarla de la causa por el delito societario. Según el Ministerio Fiscal, la investigación podría llegar a afectar al periodo en el que el esposo de Alaya trabajaba para Mercasevilla. En cambio, la magistrada afirma en su escrito que los datos contables más antiguos de la investigación son de 2005.


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