El 27 de julio, el gobierno tildó el Plan Centro de un "fraude desde el principio al fi n". Dos días después, en el Pleno, incluyó en la moción por la que se derogó el plan de tráfico la siguiente valoración: "La implantación supuso para el erario público un coste de más de dos millones de euros y ha estado plagada de irregularidades desde su inicio. Se ha denunciado públicamente la posible existencia de desvíos presupuestarios en el contrato, así como irregularidades en la última certificación y recepción del sistema". Ayer, un mes, y dos informes firmados por seis funcionarios después , rebajó sensiblemente su contundencia. El supuesto fraude ya no se inició en diciembre, sino en el mes de marzo, cuando, por falta de personal, dejaron de tramitarse las sanciones, y las cámaras no sólo no fallaron desde el principio sino que el PP admite ahora que desconoce si siguen funcionando en estos momentos, incluso con el plan de tráfico derogado.
Al informe del ingeniero jefe de sección del Centro de Control de Tráfico , Enrique Gutiérrez, en el que basó el PP su relato de las irregularidades del Plan y que justificó la creación de la comisión de investigación no sólo le contradicen seis funcionarios que firmaron dos informes dirigidos a la dirección general de Movilidad.
También la documentación que aportaron al ver cuestionada su labor. En ésta figuran documentos como el acta de recepción, fechada el 25 de mayo -tras las elecciones- y avalada por la Intervención Municipal, en la que se realiza el diagnóstico definitivo del proyecto antes de darle el visto bueno definitivo: "El material suministrado es el adecuado y su instalación se encuentra correctamente ejecutada de acuerdo con las instrucciones dadas por el director facultativa". De esa misma fecha data el informe del jefe de Servicio de Tráfico y Transporte en el que da por subsanada una petición de la Intervención que detectó deficiencias en parte de la facturación del proyecto una vez fiscalizada.
Al mismo tiempo, la documentación aportada desmonta la acusación de que el sistema no se ajustó a la Ley de Protección de Datos. Así, el 28 de agosto de 2010 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia la aprobación del nuevo fichero con los datos de los vehículos autorizados para circular por el Centro y la notificación del mismo a la Agencia Española de Protección de Datos . Lo firma el secretario general del Ayuntamiento.
Los informes revelan además que las cámaras seguían funcionando en el mes de agosto, pese a que el gobierno las dio por desconectadas en julio. Ayer, el portavoz del gobierno admitió desconocer si las cámaras siguen o no funcionando, y si se continúan grabando las matrículas de los coches que acceden al Centro aunque no hay una normativa que limite su circulación. "Lo estamos preguntando a los funcionarios".
El portavoz restó importancia a estas contradicciones "secundarias", y redujo el debate a tres cuestiones que, según el PP, bastan para tildar el plan de "fraude": "Desde marzo no existe personal para que se tramiten las sanciones; se optó por multar sólo a aquellos que estaban entre 75 y 200 minutos, y no había personal para hacerse cargo del sistema. Se debe aclarar es si eso era conocido y desde cuándo".
Para Pérez, esto basta para demostrar que el sistema era un fraude, ya que aunque funcionaba técnicamente no había personal a partir de marzo para aplicarlo, y para justificar la comisión de investigación abierta a propuesta del PP para aclarar las supuestas irregularidades del sistema. "Es como si se compran autobuses y no tenemos personal para sacarlos a la calle", ejemplificó el portavoz del gobierno.
En cualquier caso, el PP insistió en que lo principal es la derogación del plan, prevista en el programa electoral. Su alternativa para la movilidad aún sigue en el aire. "Debemos aclarar y contemplar las características del Centro para proteger el casco histórico y dar salida" a vecinos y comerciantes", resumió el alcalde, Juan Ignacio Zoido. Desde IU se insistió en que que se debe recuperar "en todo o en parte" el plan del Centro.
