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La intimidad de las mujeres que abortan está poco protegida

El informe presentado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), exige "acceso limitado" y "cautela extrema" a las Fuerzas de Seguridad, en el tratamiento de informaciones personales de mujeres que han recurrido al aborto.

el 15 sep 2009 / 03:14 h.

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El informe presentado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), exige "acceso limitado" y "cautela extrema" a las Fuerzas de Seguridad del Estado, en el tratamiento de informaciones personales de mujeres que han recurrido al aborto.

Es el informe que sirve como respuesta a la petición hecha por el Ministerio de Justicia, tras la polémica investigación criminal llevada a cabo en diversas clínicas abortivas, que supuso que la Guardia Civil notificara a domicilio, las citaciones de las afectadas.

Artemi Rallo, presidente de AEPD, ha insistido hoy en que no se pueden revelar datos íntimos ante "terceros sean familares o no" para preservar la íntimdad del paciente. Asimismo, el informe publicado repasa los límites en la inspección de las administraciones sanitarias, dejando claro que el acceso a las historias clínicas sólo debe permitirse para evaluar si la asistencia se ha efectuado en "las condiciones médicas adecuadas para la salvaguarda de la vida y la salud de la mujer".

Régimen especial de protección. La AEPD considera necesaria la aplicación de un "régimen especial de protección" sobre hechos confidenciales de salud, llamando la atención, de manera muy especial, en datos referidos a la interrupción voluntaria del embarazo por "las posibles consecuencias perjudiciales que el conocimiento de los mismos puede revestir en la esfera privada de la paciente".

Según la Ley de Protección de Datos, sólo en ciertos casos será posible el tratamiento de la información sobre salud, entre ellos, que el interesado haya prestado su consentimiento expreso para ello, o que una norma con rango de Ley así lo prevea por razones de interés público.

El director de la Agencia hizo hincapié en que el acceso para fines judiciales, epidemiológicos, de salud pública, de investigación o docencia deberá someterse a "una previa disociación" de los datos de la historia clínica "de manera que como regla general quede asegurado el anonimato".

El texto insiste además, en "reforzar" las garantías en el uso de contenidos sensibles, en cuanto a la regulación de medidas de seguridad y al "deber de secreto" del personal con acceso a los ficheros. En este sentido insta a los poderes públicos a hacer un uso "adecuado, pertinente y no excesivo" de la información manejada.

Rallo explicó, que en este caso la AEPD no ha encontrado motivos para actuar de oficio aunque "no descarta" hacerlo en el futuro si se presentan "denuncias concretas".

La Agencia actuó de oficio y abrió una investigación para esclarecer hechos vinculados a la clínica Isadora, tras conocer por informaciones periodísticas que se encontraron en contenedores restos de fetos e historiales de las afectadas.

De hecho, se pronunciará "en las próximas semanas" sobre si archiva la causa o abre un expediente sancionador que puede conllevar multas de entre 300.000 y 600.000 euros, ya que divulgar este tipo de datos constituye una infracción "muy grave".

El documento de la AEPD, remitido al departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo, servirá de apoyo en la elaboración del Real Decreto anunciado por el Gobierno para garantizar la confidencialidad de las mujeres que abortan y, también, para que haya equidad sobre estas prestaciones en el conjunto del Estado.

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