La opinión pública española "acepta de manera mayoritaria el intenso movimiento migratorio" que ha vivido el país en los últimos años. Sin embargo, las "opiniones intolerantes" crecieron 20 puntos porcentuales desde el año 2000, según el estudio Inmigrantes, nuevos ciudadanos. Hacia una España intercultural, presentado por la Fundación de las Cajas de Ahorros y la División de Obra Social-Relaciones Institucionales de la CECA.
Según los autores, un tercio de la sociedad española "se encuentra en la opinión más intolerante, que llega en determinados casos al rechazo xenófobo", mientras que el 70% restante de los ciudadanos defiende "discursos muy variados" entre los que conviven partidarios de la "inserción subalterna, la integración formal o la ciudadanía plena de los inmigrantes".
El sociólogo y coautor del estudio Carlos Pereda apuntó que tanto los defensores de la ciudadanía plena como los xenófobos son grupos "más minoritarios" dentro de la población, donde la tónica es la división entre la defensa de la integración de facto de los inmigrantes o de su incorporación a la sociedad "siempre que se le de prioridad a los españoles". Todo ello, pese a que, tal y como recoge el estudio, la realidad de la inmigración dista mucho de su percepción social en aspectos como su relación con la delincuencia. Los autores explican que, mientras en el periodo 2002-2006 la inmigración aumentó un 85%, los delitos disminuyeron un 22%.
El contrato. En esta coyuntura, la inmigración sigue siendo uno de los temas clave del debate político. Ayer, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, contestó a las intenciones del Gobierno de Valencia (que preside Francisco Camps, del PP) de imponer el contrato de inmigración propuesto por Rajoy a los extranjeros que lleguen a la comunidad. "Suena a otros tiempos", dijo, y recordó que "España es un Estado de Derecho".
"En España el cumplimento de la ley no es negociable y, por tanto, no puede ser objeto de un contrato", advirtió De la Vega. Así, en referencia al citado contrato, recalcó que "en España hay derechos, no adhesiones". De este modo, la vicepresidenta insistió en que "la ley y la Constitución valen para todos los ciudadanos, los inmigrantes y todas las instituciones, ya sean de ámbito nacional, autonómico o local". "La ley es igual para todos y las normas de convivencia están contenidas en la ley y el marco constitucional", insistió.
