La decisión de la Junta de paralizar la tramitación de nuevos expedientes relativos a la adopción por libre de niños en Rusia genera preocupación entre las miles de familias andaluzas que están inmersas en procesos de este tipo, pero no tanto por la medida, que no deja de ser temporal, como por su origen: las irregularidades detectadas en uno de los procesos abiertos en Andalucía y que han llevado a la cárcel a una mujer que supuestamente falsificaba certificados de idoneidad y que podría estar ligada a una red que capta por internet a parejas interesadas en iniciar un proceso de adopción. La alarma es lógica, pues extiende un manto de sospecha acerca de bandas que acelerarían las adopciones mediante falsifcaciones y otros procedimientos delictivos. Pero esta sensación de que alguien ha querido hacer negocio a costa del deseo de unos padres no debe hacer que se caiga en el error de creer que el sistema de adopciones funciona mal. Al contrario, la detención de esta mujer es un ejemplo de que han funcionado los sistemas de detección de irregularidades y de que este tipo de actuaciones son muy puntuales y no responden a la realidad de un modelo tan garantista como el español. En este caso, la Junta ya alertó a la Policía de que algo estaba pasando y eso permitió que se descubriera la manipulación de los documentos. Una práctica delictiva en la que algunos desalmados se aprovechan de la impaciencia de quienes desean con ansia tener un hijo y se topan de frente con un laberinto burocrático tortuoso que no parece acabar nunca y se encuentran con que alguien les garantiza la aceleración del proceso de adopción. En este contexto, la decisión de la Consejería de Asuntos Sociales de suspender de modo temporal la tramitación de nuevos expedientes que se tramiten sin el aval de entidades acreditadas no es más que una garantía de seguridad para todos: para la Administración y para los padres que terminarán adoptando a sus futuros hijos.
