Cuando la grabación que originó el caso Mercasevilla -en la que el director general Fernando Mellet y su adjunto reclamaban 450.000 euros a La Raza en comisiones ilegales- llegó a manos de la fiscal jefe, María José Segarra, se abrió una investigación en la que nada hacía presagiar que diez meses después habría trece personas imputadas.
Segarra, además de las comisiones ilegales, ya inició una línea de investigación que ha proseguido la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6: la adjudicación de la venta del suelo de Mercasevilla a Sando. De hecho, la juez optó por separar una investigación de otra; pues la de las comisiones era mucho más clara, como demuestra el hecho de que ya la esté dando por finalizada con cuatro imputados: Mellet, Ponce, la secretaria Regla Pereira y el delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas.
La segunda línea de investigación, que acumula ya más de 10.000 folios, fue continuada por la juez sorprendida por el hecho de que Sando ganara el concurso, pese a que su oferta económica era inferior a la que presentó el Grupo Noga. A partir de ahí, la juez imputó a Mellet y al ex vicesecretario Jorge Piñero, después de que dos técnicos que elaboraron el pliego de condiciones le señalaron como el autor de las polémicas cláusulas que permitieron a Sando ganar el concurso: la limitación del precio al alza, la titularidad previa de los terrenos y la oferta social.
En ese momento, fue cuando la juez decidió separar una causa, que cada vez se antoja más complicada, con la sospecha de que el concurso fue amañado para que la constructora malagueña fuera la adjudicataria.
A partir de aquí el reguero de imputados -unos a otros se han ido responsabilizando mutuamente- no ha cesado hasta llegar hasta Gonzalo Crespo, el único cargo electo imputado hasta ahora, pese a que se anunció que la Fiscalía estaba estudiando imputar a Antonio Rodrigo Torrijos y al resto de la Comisión Ejecutiva de la entidad. Un hecho que ha sido utilizado por el PP para pedir de nuevo la dimisión del alcalde, quien resta importancia a esta imputación.
La redacción del pliego centró toda la investigación en un principio. La juez comenzó citando a los que se habían hecho cargo del mismo y, tras la imputación de Piñero, implicó a José Antonio Ripollés y María Victoria Bustamante, economista y técnico respectivamente. La juez intentaba dilucidar la ilegalidad de las mismas, pero poco a poco esta tesis se desinfló, pues no era la primera vez que este tipo de cláusulas se han empleado en concursos públicos.
Casi descartada esta hipótesis, las sospechas se centraron en la valoración de las ofertas. Es en este giro, donde la magistrada imputa a Domingo Enrique Castaño, ex director de Vía Pública y ex consejero de Mercasevilla, pues es el supuesto cerebro de la maquinación del concurso y su puntuación a favor de Sando, empresa en la que ahora trabaja. El juzgado contaba con el informe de la Facultad de Economía que se empleó para valorar la puntuación, pero encargó otro para contrastarlo, cuyas conclusiones fueron contrarias al anterior. De ahí que la juez haya encargado recientemente un nuevo informe a la Agencia Tributaria.
El otro cabo suelto que la magistrada intenta atar es el posible acuerdo con Sando, que ha acabado con la imputación de tres de sus directivos. En esta línea, la magistrada citó a declarar a un representante del Grupo Noga como testigo quien, ante su sorpresa, le negó que se sintieran perjudicados. Es más, no recurrieron porque "no les dio la gana" y dijo que no detectaron ninguna irregularidad en el pliego de condiciones. Unas respuestas que provocaron un interrogatorio tenso, del que casi sale imputado el directivo, y que, curiosamente, no fue presenciado por el fiscal, que se marchó sin preguntar.
El último paso ha sido la imputación de Crespo y otra componente de la mesa de contratación para que aclare si el concurso estaba ya decidido antes de abrir las plicas. Una hipótesis que podría implicar a la Comisión Ejecutiva, que dio el visto bueno a la valoración final.
