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La investigación por el cobro de comisiones en Merca se cierra e irá al jurado

Un cargo de la Junta pone en cuestión la declaración del alcalde ante la Policía.

el 04 dic 2009 / 21:11 h.

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La juez anunció ayer el inminente cierre de la investigación por el supuesto cobro de comisiones en Mercasevilla. Todas las partes están citadas el próximo día 23 para el acto de vista previa del jurado, un trámite inicial para el futuro juicio con un tribunal popular.

Para esa fecha, las partes y la Fiscalía deberán determinar quiénes son las personas procesadas y qué delitos se les imputan. Será la última oportunidad para ampliar una investigación que se ha saldado con cuatro imputados: Fernando Mellet, Daniel Ponce, Regla Pereira y Antonio Rivas.

La magistrada tomó esta decisión después de que prestara declaración un alto cargo de la Junta de Andalucía: Juan Gallo. El PP pidió su comparecencia para abrir otra vía sobre la gestión que se hizo de la grabación entregada el día 27 de enero por los empresarios de La Raza al propio Gallo, ya que no se presentó la denuncia en Fiscalía hasta el 16 de febrero.

Los populares querían llegar así hasta el alcalde. Y forzaron una contradicción, pero no suficiente de momento como para que vaya a algo más de un debate político sobre gestos, actuaciones y matices.

La versión de Juan Gallo no cuadró con la expresada por el alcalde a la Policía Judicial. El actual comisario para la Memoria Histórica relató que a mediados de enero el empresario de La Raza José Ignacio de Rojas le citó  y le contó lo que le habían solicitado los responsables de Mercasevilla.

En una segunda reunión, que no precisó, pero que se produjo el 28 de enero, le enseñaron la grabación. Gallo pidió una copia, que tardó "tres o cuatro días" y que fue remitida a los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía.

Éstos le indicaron que debía ser la Consejería de Empleo quien denunciara, y a este organismo trasladó la cinta "en la segunda semana de febrero". De ahí llegó a la Fiscalía.

Pero en medio, en "la primera semana de febrero", Gallo se reunió con el alcalde en su despacho por "lealtad institucional". Fue el día 4 según el relato del propio regidor. Y ahí es donde las declaraciones no cuadran.

Gallo dice que le comentó que había una grabación, aunque no la escucharon "porque no la llevaba", que no le dijo los nombres de los implicados y que el regidor no le hizo ninguna pregunta sobre lo ocurrido. Entre el 27 de enero y el 12 de febrero sólo conocían los hechos el alcalde, los servicios jurídicos y José Manuel Cervera, jefe del propio Gallo.

Las fechas encajan con las difundidas por el alcalde, pero no el fondo de las conversaciones. En primer lugar, el alcalde dice conocer el 4 de febrero que los comentarios irregulares los protagonizan Mellet y Ponce, mientras que Gallo asegura que no dio nombres al regidor.

En segundo lugar, señala que ese día sólo recibe la información de que "se han realizado comentarios de cierta gravedad en conversaciones mantenidas con empresarios de hostelería", y retrasa hasta el 14 la fecha en la que conoce que existe una cinta grabada que prueba estos comentarios.

La decisión de la juez de cerrar la investigación y convocar la vista previa del jurado revela que no tiene intención de momento de profundizar en esta vía.

Pero políticamente la situación es distinta, y ahí el PP puede abrir un nuevo frente, puesto que hay dos circunstancias que otorgan relevancia al conocimiento exacto que tuviera el alcalde de lo ocurrido: la suspensión cautelar del consejo de administración que se iba a celebrar el 6 de febrero y las dos conversaciones que mantienen Mellet y los empresarios de La Raza, en las que el ex director general rectifica y les pide que se olviden de la anterior conversación. Ambas se producen después de que Gallo recibiera la cinta.

El Ayuntamiento, por su parte, rechaza que estos dos relatos entren en contradicción porque el alcalde no niega en ningún momento explícitamente conocer la cinta y porque el grueso de los relatos coincide: en ambos el alcalde sabía el 4 de febrero que se pidieron comisiones.

El PP, que ya ha intentado una vez sin éxito que el alcalde declare como testigo, tiene otra oportunidad el próximo día 23 de febrero, cuando se presenten las imputaciones.

Las defensas de Mellet y Ponce quieren pedir la libre absolución al tratarse como máximo de una tentativa de estafa que nunca se iba a cumplir porque La Raza no tenía intención de pagar. El PSOE pedirá tentativa de estafa, y excluirá a Rivas. Y la Fiscalía mantendrá la imputación de cohecho, de ahí que haya vista con jurado. Falta por ver quiénes serán procesados. 

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