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La investigación por fraude obligó a la Policía a dejar de cobrar las tasas

Tras un año de investigación judicial por posibles irregularidades de algunos policías se decidió que los agentes no siguieran recaudando en mano.

el 03 mar 2011 / 21:12 h.

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Imagen de la Jefatura de la Policía Local, donde se pagaban antes las tasas- Ahora se abonan por banco.

La investigación de una supuesta trama de cobros ilegales de tasas por parte de policías locales tuvo su primera consecuencia interna a finales del año pasado: las indagaciones de la unidad supervisada por la juez obligaron a modificar el sistema de pagos de las tasas por la prestación de servicios especiales. Hasta ese momento, las empresas de transportes y grúas móviles de gran tonelaje debían abonar en mano en la Jefatura de la Policía Local el dinero exigido por la ordenanza municipal y eran los propios policías los que daban parte al Consistorio de los servicios realizados y de los fondos recaudados. Ante la existencia de indicios de un supuesto fraude cuya cuantía podría rondar el medio millón de euros, se reordenaron los trámites de forma que se pagara el dinero en el banco y se tuvieran que realizar todas las autorizaciones a través de la Delegación de Movilidad. La reestructuración se llevó a cabo, no obstante, más de un año después de la apertura de la investigación interna.

La investigación judicial, por la que han declarado ya más de treinta agentes de distintas categorías, se centra en una figura impositiva municipal: la tasa por prestación de servicios de grandes transportes y paso de caravanas. Según varias empresas del sector consultadas por este periódico, cuando se organiza un desplazamiento de un vehículo de gran tonelaje se pide, por un lado, la autorización, y por otro se tramita en la Jefatura una solicitud de acompañamiento policial -necesario para este tipo de servicios-. Su coste depende del horario y del número de agentes, aunque ronda los 100 euros por traslado, según varias compañías. Ese dinero se abonaba a un agente de la Jefatura que proporcionaba a cambio un recibo que se entregaba cuando llegaban los agentes de la unidad. Eran, por tanto, según fuentes policiales, los propios policías los que debían dar parte a la Delegación de Hacienda de los servicios prestados y el dinero recaudado. En este proceso es donde centra sus indagaciones la magistrada del Juzgado de Instrucción número 8, que intenta aclarar si había agentes que no declaraban estos ingresos y que realizaban los servicios en horario laboral sin dar parte o fuera de turno.

En torno a septiembre de 2009, la detención de un agente en el marco de una operación contra el tráfico de drogas condujo a la juez a investigar tanto la posible retirada de multas por parte de este policía como las supuestas irregularidades en el cobro de las únicas tasas -junto al pago de multas de infracciones de extranjeros- que se pueden cobrar en mano. Por este motivo, se abrió una comisión de investigación supervisada por la magistrada que vio frenada su labor al fallecer una de las personas investigadas -la responsable de cobrar las tasas-. A finales del año pasado se reactivó al requisarse media docena de ordenadores y se inició una ronda de declaraciones de agentes de Policía.

Fue por esas fechas cuando el Ayuntamiento adoptó la primera medida de control ante el supuesto fraude: retiró a los agentes el control del dinero y de las operaciones de acompañamiento de los vehículos de gran tonelaje. Como recogen las propias ordenanzas fiscales -al menos hasta el año 2009-, y como su-brayaron responsables de empresas como Grúas Lozano, Grúas Maestranza o Transmorse hasta entonces el dinero se abonaba en mano a los agentes y se contactaba directamente con la Policía. A partir de ese momento, según fuentes policiales y representantes del sector, son necesarios numerosos trámites y se ha cortado la relación directa entre las empresas y los agentes.

A la espera de que se esclarezcan los hechos y se esclarezca si hay o no personas acusadas en la investigación judicial, los indicios de supuestas irregularidades han generado un importante malestar en el seno de la Policía Local. Varias fuentes policiales incidieron en los fallos de control y en la "mala imagen" que se vuelve a dar de la plantilla.

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