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La izquierda catalana cuestiona la legalidad del Estatuto andaluz

El portavoz de Entesa en el Senado alega que el artículo sobre financiación autonómica es calcado al Estatut catalán y la consejera andaluza de Hacienda defiende la plena constitucionalidad del texto autonómico.

el 30 jun 2010 / 20:59 h.

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El fallo del Constitucional que ha anulado contenidos del Estatut interfirió ayer en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado. En la sesión participaban los consejeros de Hacienda de cada región, y en ese marco se enfrentaron por primera vez catalanes con andaluces a cuenta de los posibles efectos que el fallo contra el Estatut puede tener en el texto andaluz.

 

La consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo defendió la "coincidencia del Estatuto andaluz con el modelo de financiación" estatal y citó palabra por palabra el artículo 175.2, que reivindica para Andalucía "la garantía de financiación de educación, sanidad y servicios sociales (...) para alcanzar niveles similares en el conjunto del Estado".Aguayo subrayó que la redacción de este artículo dice prácticamente lo mismo que la Ley Orgnánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

Con esta alusión encendió la mecha, ya que el artículo 175.2 del Estatuto andaluz es muy parecido al 206 del texto catalán, que ha sido declarado inconstitucional por el TC porque permitía a la Generalitat sobrepasar los límites que fija el Estado y la Constitución en la gestión de sus tributos. Los senadores catalanes criticaron las palabras de Aguayo: "Señora consejera, no sé qué actitud tendrá el Gobierno andaluz" sobre el fallo del Estatut, rezan las actas de sesión del Senado. Fue en el turno de Entesa Catalana de Progrés, un grupo del Senado formado por la coalición de partidos catalanes de izquierdas: el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) -referente en Cataluña del PSOE-, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) e Iniciativa per Catalunya Verds y Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), homólogo catalán de IU. Su portavoz, Carles Bonet, reconoció que le había "preocupado la intervención" de Aguayo. "En el sistema de financiación había un principio que ha sido alterado en el TC, y no entiendo por qué se lo ha cargado porque sorprendentemente es un principio que también entra en el Estatuto andaluz, que dice que la nivelación debe suponer siempre el mismo esfuerzo fiscal que el Gobierno y como tanto el PP como el Gobierno andaluz han dicho que la sentencia no afectaba para nada al Estatuto andaluz, consideramos que al ser el mismo artículo algo debe de afectar", dijo.

Es cierto que los dos artículos hablan de ese "esfuerzo fiscal similar del Estado", pero el andaluz añade: "en términos de la normativa y de acuerdo con el artículo 31 de la Constitución", lo cual, alega la Junta, le protege de la sentencia. Bonet dijo que, aunque esto no aparezca en el Estatut, "está implícito", informa Efe.

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