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La juez acuerda tomar declaración como testigo al interventor del Ayuntamiento

Designa a un economista para que diga si el informe sobre la fórmula de baremación del concurso "responde a criterios lógicos-económicos"

el 15 abr 2010 / 10:10 h.

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La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya Rodríguez, ha resuelto tomar declaración como testigo al interventor del Ayuntamiento de Sevilla, José Miguel Braojos Corral, dentro de las diligencias abiertas por la presunta venta irregular de los suelos de la sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, a la compañía filial de Sando 'Sanma Desarrollos Urbanísticos', que se alzó con la adjudicación a pesar de que en el concurso público concurría una oferta superior por parte del Grupo Noga.

En el auto, dictado con fecha seis de abril y consultado por Europa Press, la juez instructora acuerda esta declaración tras la petición realizada al respecto por la representación jurídica de la imputada María Victoria Bustamante, aunque señala la juez que, "con independencia de la utilidad de la declaración solicitada, razones de agenda y oportunidad obligan a posponer la práctica de la misma hasta el momento en que se lleven a efecto las ya ordenadas o se considere la necesidad de las mismas en el desarrollo temporal de la instrucción".

Así, acuerda posponer "ante el importante volumen de pruebas pendientes de práctica" esta declaración, solicitada por la representación jurídica de Bustamante debido a que Braojos ocupaba el cargo de interventor en el momento de la elaboración del pliego de condiciones y de la adjudicación a Sanma de un derecho de opción de compra sobre los terrenos de Mercasevilla, mientras que también era miembros del consejo de administración del merca, de manera que su testimonio "puede arrojar mucha luz sobre el proceso de preparación y resolución del concurso público" que se investiga en la causa.

En su escrito, la representación de la imputada se refiere a la declaración policial del actual interventor municipal, prestada el pasado día 24 de septiembre de 2009, en la cual "realiza una serie de afirmaciones que contradicen frontalmente lo declarado por numerosos de los deponentes en la causa", ya que Braojos dijo que "el pliego de condiciones fue elaborado por Mariví Bustamante a requerimiento de Enrique Castaño", lo que "no goza de ningún soporte documental en las actuaciones, ni siquiera de un mínimo sustrato lógico que permita soportar tal sentencia".

DECLARACION "IMPRESCINDIBLE"

Por ello, el abogado de la imputada considera "imprescindible" que el interventor "aclare" todo ello así como que "indique las fuentes de conocimiento que, en su caso, le llevaron a realizar la controvertida afirmación", añadiendo que esta aclaración "no es baladí", ya que "sirve de base, según criterio del inspector R. Salvador, para la construcción de una suerte de conspiración en la que Castaño actuaría como manipulador de los técnicos Bustamante y Ripollés para la fraudulenta adjudicación del concurso a Sanma".

De otro lado, la juez Alaya ha dictado otro auto, con fecha ocho de abril y al que ha tenido acceso Europa Press, en el que, ante la "imposibilidad" de nombrar un perito perteneciente a la Administración, designa al economista Luis Ruiz de Huidobro de Carlos para que determine si el informe sobre la fórmula de baremación del concurso realizada por el profesor adscrito al Departamento de Economía Aplicada I de la Universidad de Sevilla Antonio Pajares "responde a criterios lógicos-económicos".

ESTUDIO DEL INFORME DE BAREMACION

En este sentido, la juez determina que, "de no ser así, se deberán exponer los criterios económicos adecuados y la repercusión que los mismos tendrían en el posterior informe de valoración", mientras que ordena que se determine también si el informe de Antonio Pajares "se adecua con exactitud al pliego de condiciones del concurso, especialmente la interpretación personal que realiza sobre que las ofertas desproporcionadas debían rechazarse".

Por último, acuerda que el economista designado estudie "si el informe de valoración que efectúa el imputado José Antonio Ripollés tras la apertura de las plicas se ajusta al contenido del informe de Pajares y, especialmente, si el precio de la opción de compra de la entidad Sanma se valoró por Ripollés con arreglo a la baremación de Pajares".

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