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La juez acusa de un delito penado con seis años de cárcel a Carlos Fabra

El juzgado de primera instancia número 2 de Nules ha encontrado indicios de delito de falsedad documental en el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, su esposa, un empresario y su mujer. Cometer este delito está castigado con hasta seis años de prisión.

el 16 sep 2009 / 02:35 h.

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El juzgado de primera instancia número 2 de Nules ha encontrado indicios de delito de falsedad documental en el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, su esposa, un empresario y su mujer. Cometer este delito está castigado con hasta seis años de prisión.

La juez ha pedido a las partes que se pronuncien sobre la apertura del juicio oral o el archivo de la causa. En concreto, según informaron en un comunicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), la juez ha dado traslado de las actuaciones relacionadas con un posible delito de falsedad documental en el caso Fabra a la Fiscalía Anticorrupción y a los imputados para que formulen escrito de acusación o soliciten el sobreseimiento de la causa.

Así, la juez ha dictado un auto de transformación de las diligencias previas abiertas para investigar un posible delito de falsedad documental en procedimiento abreviado, del que podrían ser autores el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra; su esposa, María de los Desamparados Fernández; el empresario Vicente Vilar y la esposa de éste, Monserrat Vives. Además, la juez amplía la lista de presuntos autores a Manuel Martínez, Domingo Cadahia, Hami el Azouzi y Mohamed Chakir.

En este auto de incoación de procedimiento abreviado la juez indica que el fallecimiento del que fuera subdelegado del Gobierno en Castellón, Vicente Sánchez Peral, supone la extinción de su presunta responsabilidad penal.

Fabra, según el relato de la juez en el auto, formaba parte de una trama que, "con ánimo de lucro, falsificó cuños, análisis químicos, sellos y firmas presentándolos, a sabiendas de su falsedad, ante el Ministerio de Agricultura con el fin de agilizar y obtener las autorizaciones" para vender "diversos plaguicidas procedentes de una empresa asiática que no reunían los requisitos legales para su comercialización en España".

El acusado legó a reunirse con altos dirigentes PP para presionar en el ministerio en favor de una empresa de comercialización de fitosanitarios propiedad de la entonces mujer de Fabra.

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