La jueza saliendo con gafas de sol tras 24 horas en el juzgado.
La juez Mercedes Alaya, que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, ha anunciado que el análisis de la "ingente" documentación intervenida por la Guardia Civil en el marco de la operación 'Heracles', saldada con 22 detenidos, puede derivar en la apertura de "nuevas líneas de investigación".
En el auto por el que prorroga por sexto mes el secreto sumarial sobre el caso de los ERE, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla justifica dicho secreto en que "todavía se están recibiendo respuestas a las solicitudes enviadas, concretamente datos relativos a soportes documentales de varias transacciones que revelarían el origen de los fondos objeto de las mismas".
Según la magistrada, las informaciones recibidas hasta el momento sobre este extremo "están resultando muy relevantes para la investigación, amén de la ingente documentación intervenida en los registros efectuados, cuyo análisis detenido podría abrir nuevas líneas de investigación".
La juez pone de manifiesto, asimismo, que tal y como ya expuso en el último auto de prórroga, "la importante operación policial llevada a efecto por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, amparada por el secreto parcial, aún no ha concluido", ya que "está pendiente que por dicha Unidad se analicen escritos presentados que guardan relación con declaraciones aún pendientes".
Así, hay que recordar que, desde que se llevó a cabo la operación, siguen pendientes las declaraciones del administrador de Uniter, José González Mata, y del abogado Carlos Leal, del bufete Estudios Jurídicos Villasís.
La juez decide prorrogar el secreto un mes más "en aras de salvaguardar el buen fin" de la instrucción "y evitar la manipulación, pérdida o destrucción de indicios o fuentes de prueba, o incluso que parte interesada pudiera influir en alguno de los implicados o testigos, anulando con todo ello la acción policial y judicial que se viene llevando a efecto".
POSIBLE "DESVIACION DE FONDOS PUBLICOS"
Esta investigación tiene por objetivo "determinar en definitiva si hubo desviación de fondos públicos procedentes de la Junta de Andalucía hacia fines distintos de los legalmente establecidos", recuerda la juez Mercedes Alaya en su auto, dictado el pasado 30 de abril.
La magistrada, igualmente, insta a la UCO "para que emplee la máxima diligencia, dando cuenta periódica del avance de sus investigaciones", centradas en indagar quiénes son los "verdaderos" beneficiarios de los fondos públicos investigados y el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE.
En un auto dictado el pasado mes de abril, la juez ya aseguró que las diligencias desarrolladas por la UCO dentro de la operación 'Heracles' "van a suponer un punto y seguido a las diligencias de averiguación" que practica la Benemérita, "pues mucha de la documentación intervenida se encuentra en soporte informático y es claro que del análisis de esta documentación podrán derivarse nuevas diligencias asociadas".
Dentro de la operación 'Heracles' desarrollada por la Guardia Civil de forma simultánea en siete provincias españolas fueron detenidas 22 personas --de las que cuatro ingresaron en prisión--, mientras que otras nueve que ya figuraban como imputadas fueron llamadas a declarar ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, quien mandó a prisión a tres de ellas.
En total, ingresaron en prisión siete personas, entre las que destacan el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero; el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, o exdirectivos de Vitalia. Actualmente, sólo seis permanecen en la cárcel, ya que Ismael Sierra, cuñado de Lanzas, consiguió abandonar la prisión tras abonar una fianza de 50.000 euros.
