La juez sevillana Mercedes Alaya, a quien ha correspondido uno de los sumarios por irregularidades en los fondos de formación andaluces, asumirá previsiblemente la causa contra el exconsejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda, detenido en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Fuentes del caso han informado a Efe de que la operación llevada a cabo ayer por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía se ha solapado con la investigación sobre los mismos hechos que lleva a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por orden de la juez Alaya. De hecho, en su auto del pasado 16 de julio, cuando Alaya citó a declarar como imputado al exconsejero de Empleo Antonio Fernández por las ayudas a la multinacional Delphi, asentada en Cádiz, la juez dedicaba un apartado a las presuntas irregularidades en las ayudas a seis empresas vinculadas a Ojeda. Se trataba de las sociedades Prevención de Riesgos, Seguridad y Calidad (Prescal), la Asociación de Empresas Aeronáuticas (AEA), la Asociación de Apoyo a la Integración (Humanitas), la Asociación para la Sociedad de la Información (Innova), la Asociación para la Calidad Europea (Inteca) y la Asociación de Apoyo al Medio Ambiente (Natura). Alaya afirmaba en su auto que todas estas empresas subcontrataron las actividades formativas, proceso que no estaba autorizado, y además con otras compañías "que compartían la misma dirección". La juez Alaya, que también investiga el caso de los ERE financiados con fondos públicos andaluces, dictó en dicho auto la primera imputación en su nuevo sumario 966/14, que investiga los fondos de formación y de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE). Por ello, las citadas fuentes indicaron que es previsible que el juez de instrucción de Cádiz que ha tomado o va a tomar declaración a los nueve detenidos en la Operación Óscar se inhiba finalmente a favor de Alaya. El auto de Alaya citaba un informe de Inspección General de Trabajo y Seguridad Social según el cual las ayudas se concedieron "con ausencia de procedimiento, sin convocatoria ni bases reguladoras" y en contra de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y el Real Decreto de 2007 sobre ofertas públicas formativas. Además, se concedieron becas "por encima de lo legalmente permitido" para complementar las prestaciones por desempleo de los 1.500 trabajadores de Delphi y se concedieron subvenciones a empresas para acciones formativas en alternancia con el empleo "para que los extrabajadores pudieran volver a tener acceso a la prestación por desempleo, sabiendo que la relación laboral sería inexistente". Dicho informe también citaba posibles simulaciones de contratos y cursos de formación inexistentes. Todo ello, según la Inspección de Trabajo, causó "un grave perjuicio" y menoscabo de fondos a la Seguridad Social y a los propios presupuestos de la Junta de Andalucía.
