La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas e incentivados con fondos autonómicos mediante una fórmula también cuestionada, ha llamado a declarar este jueves día 22 de septiembre a otros dos beneficiarios de estas prejubilaciones supuestamente falsas, una declaración que estaba prevista inicialmente para el día 16.
De este modo, la juez tomará declaración a Alejandro Millán Torres, oriundo de El Pedroso (Sevilla) y prejubilado en un expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007 por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) S.A. pese a no haber formado nunca parte de su plantilla, y a Rafael Ruiz García, "amigo" del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, han informado a Europa Press fuentes del caso.
En su declaración ante la Policía Judicial, Alejandro Millán Torres dijo que fue el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social quien le propuso "arreglarle una ayuda" después de que, en 2005, un infarto de miocardio le alejase de la actividad laboral. Y es que en 2006, sus ingresos se reducían a una prestación por "incapacidad total" de 545,56 euros.
Millán Torres señaló que por aquel año, 2006, residía junto a su familia en una vivienda de El Pedroso ubicada "en el mismo edificio" en el que Francisco Javier Guerrero poseía otra. "Le dijo que llevase toda su documentación médica y laboral a su despacho para arreglarle una ayuda", señala el atestado policial. En abril de 2007, así, comenzó a "cobrar las cantidades", pero dijo a los agentes que "no tiene conocimiento alguno respecto a su inclusión como asegurado" en la póliza de seguro de rentas asociada a su nombre y a FCC.
En la actualidad, según el atestado policial, "tiene una empresa de electricidad junto a su cuñado y está dado de alta en la Seguridad Social como autónomo", figurando "cuatro empleados" en la plantilla de la empresa.
"AMIGO" DE GUERRERO
De su lado, Rafael Ruiz García, vecino de Córdoba y supuestamente asociado a una póliza de seguro de rentas correspondiente a la compañía Cespa S.A. pese a no formar parte de su plantilla, declaró a la Policía Judicial que, en 2005, quedó en situación de desempleo a cuenta del cierre de la empresa Chamorro y Moreno y expuso este "problema" a su "amigo" Francisco Javier Guerrero.
Después de "un largo periodo de tiempo", desde la compañía de previsión social Fortia Vida le fue requerida documentación y "una señorita que se identificó como la secretaria de Guerrero le comunicó, por teléfono, que se pasara por la Consejería de Empleo para firmar unas pólizas a su nombre, cosa que hizo". Rafael Ruiz García, así, aseveró que "no conoce la empresa Cespa" y no identificó el certificado individual de la póliza de seguro de rentas suscrita con relación a esta empresa.
La titular del Juzgado indaga esta posible trama de prejubilaciones fraudulentas financiadas con fondos autonómicos y su relación con el acuerdo rubricado, en 2001, entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), al objeto de librar 647.869.157,45 euros durante los últimos años en concepto de ayudas a la reestructuración de empresas en crisis. Y es que con la citada fórmula, según la investigación, el IFA actuaba como institución pagadora de las subvenciones y los libramientos de ayudas habrían eludido la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.
EL "FONDO DE REPTILES"
Las subvenciones e incentivos otorgados mediante este método, ni siquiera publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez Mercedes Alaya un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancias administrativas" en al menos 67 expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas con cargo a este fondo de 647.869.157,45 euros.
En el marco de estas diligencias, la juez Mercedes Alaya emitió un auto en el que citaba a declarar a un total de 14 beneficiarios de estas prejubilaciones fraudulentas, toda vez que todos ellos habrían comparecido ya ante los investigadores de la Policía Judicial en los últimos meses como fruto del avance de las actuaciones.
