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La juez Alaya continúa este viernes la ronda de declaraciones de los beneficiarios de falsas prejubilaciones

Junto a Rafael Rosendo, también ha citado como imputado a Andrés Carrasco Muñoz, amigo de la infancia de Francisco Javier Guerrero.   

el 08 sep 2011 / 12:11 h.

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La juez que instruye el caso ERE, Mercedes Alaya.
La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que  investiga la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas  descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE)  promovidos por empresas andaluzas e incentivados con fondos  autonómicos mediante una fórmula también cuestionada, ha llamado a  declarar este viernes día 9 de septiembre a otros dos beneficiarios  de estas prejubilaciones supuestamente falsas.

De este modo, y según han informado a Europa Press fuentes del  caso, la juez Mercedes Alaya ha citado a declarar como imputados este  viernes día 9 de septiembre al exalcalde socialista de El Pedroso  (Sevilla) Rafael Rosendo y a Andrés Carrasco Muñoz, natural de este  municipio y amigo de la infancia del exdirector general de Trabajo y  Seguridad Social Francisco Javier Guerrero.   

La titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla,  Mercedes Alaya, indaga esta posible trama de prejubilaciones  fraudulentas financiadas con fondos autonómicos y su relación con el  acuerdo rubricado, en 2001, entre la Dirección General de Trabajo y  Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía  (IFA), al objeto de librar 647.869.157,45 euros durante los últimos  años en concepto de ayudas a la reestructuración de empresas en  crisis. Y es que con la citada fórmula, según la investigación, el  IFA actuaba como institución pagadora de las subvenciones y los  libramientos de ayudas habrían eludido la Ley autonómica de Hacienda  Pública y la fiscalización administrativa.

EL "FONDO DE REPTILES"

Las subvenciones e incentivos otorgados mediante este método, ni  siquiera publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento  flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de  Andalucía. La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha  detectado y elevado a la juez Mercedes Alaya un total de 72  prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancias  administrativas" en al menos 67 expedientes de regulación de empleo  promovidos por empresas andaluzas con cargo a este fondo de  647.869.157,45 euros.

En el marco de estas diligencias, la juez Mercedes Alaya emitió un  auto en el que citaba a declarar a un total de 14 beneficiarios de  estas prejubilaciones fraudulentas, toda vez que todos ellos habrían  comparecido ya ante los investigadores de la Policía Judicial en los  últimos meses como fruto del avance de las actuaciones. En concreto,  el pasado mes de julio tomó declaración, en primer lugar, a los  vecinos de Camas (Sevilla) Juan Manuel López Espada, José Acevedo y  José Antonio García Prieto.  

Este último, de hecho, dimitía como secretario de Política  Municipal de la Agrupación socialista de Camas al ser conocida su  prejubilación en una empresa para la que nunca había trabajado. Los  tres primeros prejubilados, a los que la juez imputa sendos delitos  de tráfico de influencias y prevaricación en su condición de  extraneus, se acogieron a su derecho a no declarar y se limitaron a  ratificar la declaración prestada en sede policial, donde dijeron que  el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de  Andalucía Francisco Javier Guerrero ofreció a García Prieto unas  "ayudas de supervivencia".

LOS PREJUBILADOS DE CAMAS

Posteriormente, fueron llamados a comparecer Ricardo Medina  Barrios y José Antonio Márquez Sánchez, también vecinos de Camas y  supuestamente beneficiarios de estas falsas prejubilaciones, aunque  ambos, siguiendo la línea marcada por los otros tres imputados, se  negaron a declarar y ratificaron su declaración policial.  

Tras Rosendo y Carrasco, la juez ha citado el 15 de septiembre a  María del Carmen Fontela, la segunda 'intrusa' descubierta en la  trama, y María del Carmen García, propietaria del restaurante  sevillano Río Grande, en cuyo expediente de regulación de empleo fue  prejubilada precisamente Fontela González pese a no figurar en la  plantilla.

Para el 16 de septiembre, han sido llamados a declarar Alejandro  Millán Torres, un pensionista también oriundo de El Pedroso, y Rafael  Ruiz García, vecino de Córdoba y "amigo" también del exdirector  general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero. Para  el 19 de septiembre, finalmente, han sido convocados el sindicalista  Rafael Rodríguez, Francisco de Paula Hernández Diánez, vecino de  Mairena del Aljarafe (Sevilla), y Antonio González Pérez.

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