Manuel Ruiz de Lopera, en una visita al juzgado / Íñigo Hidalgo
La juez Mercedes Alaya, en un auto del pasado 30 de enero del que este lunes informó a las partes, ha dado por concluido el sumario que empezó a incoar en el año 2008 contra el ex presidente y máximo accionista del Real Betis, Manuel Ruiz de Lopera, y varios de sus colaboradores por presuntos delitos continuados de apropiación indebida por gestión desleal en las temporadas 1993/94 y 1994/ 95, y un delito continuado de apropiación indebida por administración desleal y/o societario igualmente en continuidad delictiva en el resto de temporadas analizadas en auto de procesamiento
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La juez también incluye en el delito societario continuado la compraventa de las 20.662 acciones del Real Betis tituladas por Farusa a Bitton Sport, según relata en su auto de fecha 30 de enero. El sumario, por tanto, se da por finalizado y se ha remitido a la Audiencia provincial. Ya sólo podría modificarse si se admitiera el recurso de apelación actual- mente en tramitación contra el auto de procesamiento presentado por la defensa de Lopera, que también está pendiente de otras dos apelaciones y de la recusación del magistrado de la Sala de la Audiencia que resuelve los recursos, el señor Calle Peña.
HABLARÁ LA FISCALÍA El siguiente paso del proceso, tras la resolución de estos recursos de apelación, debe ser el pronunciamiento de la Fiscalía: si respalda las tesis acusatorias de la juez, que le acusa de delito societario y apropiación indebida, total o parcialmente, o las rechaza por considerar que no hubo delito. La juez Alaya entiende que sí, pues en su auto de procesamiento cree que el exdirigente causó al Betis un perjuicio de 17 millones de euros de 1999 a 2008 y de otros 12,4 millones entre 1993 y 1998. En total, cerca de 30 millones de euros, ya que Alaya considera que Lopera utilizó el Betis como una fuente inagotable de negocio
Es por ello que se expone, en caso de que hubiera juicio y sentencia condenatoria, a una pena de privación de libertad de hasta 13 años y medio por el delito de apropiación indebida y 9 años más por el presunto delito societario. Antes de que se pronuncie la Fiscalía, en todo caso, las partes denunciantes, las asociaciones Béticos por el Villamarín, Liga de Juristas Béticos, Por Nuestro Betis y el propio Real Betis, deberán formular sus escritos de acusación en los que concreten los delitos que se hayan podido cometer y las penas que solicitan. Según fuentes próximas al caso, hasta el próximo verano, aproximadamente, no se sabrá si hay juicio (lo más probable tras la instrucción del sumario), o se produce el sobreseimiento del mismo.
Mientras se dilucida si finalmente hay juicio o no, también está por ver si se mantienen o se levantan las medidas cautelares dictadas por la jueza Alaya en julio de 2010, hace ya cuatro años y medio. Y por medio hay otros dos juicios en el Mercantil, uno por la declaración de culpabilidad del concurso y otro por la titularidad del 31,38% de las acciones.
