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La juez Alaya denuncia al letrado de Lopera ante el Colegio de Abogados

el 24 nov 2010 / 20:07 h.

La juez que investiga un presunto delito societario de Manuel Ruiz de Lopera como máximo accionista de Real Betis ha acordado denunciar al letrado de éste ante el Colegio de Abogados de Sevilla para que "depure sus responsabilidades" en cinco escritos presentados al juzgado.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, la juez de instrucción 6 de Sevilla se refiere a cinco escritos entregados entre el 20 de julio y el pasado 3 de noviembre, y pide al decano del Colegio de Abogados que "depure las responsabilidades que se hayan podido cometer en la confección de los mismos", aunque no cita cuales serían esas infracciones.

En dichos escritos, el abogado José María Calero denunciaba la vulneración de derechos de su cliente y las "graves irregularidades procesales" que, a su juicio, se estaban cometiendo y llegó a calificar de "monstruosidad jurídica" el nombramiento de tres administradores judiciales de su paquete de acciones en el Real Betis.

La juez, además, ha dado traslado a las demás partes de una petición de la asociación opositora Béticos por el Villamarín, que ejerce la acusación particular, para que se retire la imputación a Mercedes F.M., Teresa G.M. y Enrique G.R., presuntos testaferros de las empresas de Lopera que figuran imputados en la causa desde que se abrió en 2008.

Según Béticos por el Villamarín, el archivo respecto a estas personas responde a que "su participación en los hechos que se están investigando ha sido intrascendente".

Además, la juez Mercedes Alaya ha dado traslado a las partes de un escrito en el que la Fiscalía de Sevilla pide a los peritos que han estado analizando las cuentas del Real Betis que precisen qué parte de los gastos de TEGASA, la empresa de Ruiz de Lopera, se dirigieron a la cubrir gastos de la actividad deportiva del club, y su reflejo en las cuentas anuales.

En su escrito, al que ha tenido acceso Efe, la fiscal encargada del caso critica algunos apartados del informe de dichos peritos judiciales, en especial su afirmación de que el contrato entre el Betis y TEGASA no era "real".

Se trata de una "opinión jurídica de los peritos que debemos tener por no puesta en una pericial contable", dice la fiscalía, porque "la valoración de la licitud o ilicitud de los contratos celebrados por carecer de requisitos esenciales, y sus efectos, compete el tribunal sentenciador y no a los peritos contables".

Dichos peritos, ambos inspectores de Hacienda, han cifrado en 12,9 millones de euros el perjuicio al Betis causado por la gestión de Lopera entre los años 1993 y 1998, y tienen pendiente de entregar una segunda parte desde dicha anualidad hasta el presente.

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