La juez de Sevilla que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía ha ordenado embargar tres fincas al 'intruso' Alejandro Millán Torres para hacer frente a la fianza de responsabilidad civil de 432.993,69 euros que le fue impuesta, mientras que también ha confirmado las fianzas ascendentes a un total de 267.395,44 impuestas a Juan Manuel López Espada, José Luis Llorente Herrero y José Acevedo López.
Alejandro Millán Torres, oriundo de la localidad sevillana de El Pedroso y prejubilado en un ERE promovido en el año 2007 por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) S.A., percibió en concepto de ayuda un total de 333.072,07 euros, todo ello al mismo tiempo que era perceptor de una pensión por incapacidad permanente total y se dio de alta como autónomo. En un decreto dictado el 13 de marzo y notificado ahora a las partes, consultado por Europa Press, la secretaria de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla pone de manifiesto que "siendo insuficientes los bienes embargados", procede el embargo del 25 por ciento que le corresponde al imputado de dos fincas ubicadas en El Pedroso y sobre una tercera localizada en Sevilla capital. Asimismo, la juez Mercedes Alaya ha dictado un auto, consultado por Europa Press, en el que confirma la fianza de 158.148,44 euros impuesta a José Acevedo por su inclusión en el ERE de Intersur y de 58.347 euros fijada para Juan Manuel López Espada, vecino del municipio sevillano de Camas incluido en el ERE de Surcolor. En este auto dictado el 11 de marzo, la instructora asevera que "es plenamente rechazable el error invencible alegado" por los imputados como causa de exención de la responsabilidad criminal, "pues es altamente probable que supieran --como es de común conocimiento-- que no podían ser merecedores de prestación pública de forma lícita". Así, dice que los dos imputados relataron en su recurso contra las fianzas impuestas que "se limitaron a entregar" en el despacho del entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta su documentación personal, "sin rellenar solicitud alguna", lo que hicieron tanto ellos dos como José Antonio García Prieto, exconcejal de Camas y exsecretario de Política Municipal del PSOE en ese municipio, "a través del cual, según el recurso, habrían tenido noticias de las ayudas en la sede del PSOE de Camas".