La juez Alaya impone una fianza civil de 29,5 millones a la exconsejera Magdalena Álvarez

La jueza justifica la medida ante «la probabilidad cierta» de que pudiera resultar condenada «en un futuro por los hechos que se investigan». La exconsejera de Hacienda y exministra de Fomento defendió ayer su «absoluta inocencia» y calificó de «desproporcionada» la cuantía impuesta.

el 12 mar 2014 / 10:43 h.

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Para la jueza Mercedes Alaya, Magdalena Álvarez es una de los «promotores, en connivencia con otros, del procedimiento ilegal» que permitió el fraude de los expedientes de regulación de empleo (ERE). Con esta conclusión, la magistrada le impone una fianza de 29,5 millones de euros a la exconsejera de Hacienda y exministra de Fomento para asegurar la responsabilidad civil ante «la probabilidad cierta» de que pueda ser condenada «en un futuro por los hechos que hoy se investigan». Álvarez, que en la actualidad es vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, defendió ayer su «absoluta inocencia». En un auto notificado ayer a las partes, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla fija la fianza civil para Magdalena Álvarez, así como para el que fuera su viceconsejero José Salgueiro y para el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa, para quienes fija cuantías de 22 y 8,8 millones de euros respectivamente. Para ello, la magistrada parte de la «probabilidad cierta de que pudieran resultar condenados en un futuro», una afirmación que deja a la exministra en una posición muy incómoda para seguir desempeñando su actual labor en Bruselas, después de que ya se cuestionara su continuidad tras conocerse su imputación. Alaya asegura que sus «indicios» para mantener esta tajante afirmación son que «en virtud de sus cargos» los tres ex altos cargos «serían promotores, en connivencia con otros, del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones sociolaborales que se instaurarían en la Administración autonómica desde el año 2000 y que perduraría hasta el año 2011». Según la jueza, este sistema consistía en «dotar de un crédito presupuestario» a la Consejería de Empleo, que daría lugar a las denominadas «transferencias de financiación». El procedimiento «se iniciaría con la autorización de los inculpados encargados de la elaboración del Presupuesto anual», con «la finalidad de eludir el control de legalidad». De hecho, Alaya cree, o al menos «se podría afirmar», que el uso que Empleo dio a estos fondos públicos «no era responsabilidad de los inculpados», pero asegura que «para llegar a instaurar este procedimiento y disponer de gasto público, el paso previo sería lograr dichos créditos presupuestarios». Así, relata que en los primeros años llegarían a aprobar siete modificaciones presupuestarias, que ascendieron a 93 millones de euros. Sin embargo, «un segundo paso» sería «la introducción de dicha partida» en los Presupuestos, para lo que «se aprovecharía la complejidad del lenguaje presupuestario», «accesible sólo a expertos». Frente a estas acusaciones y ante una de las fianzas más altas impuesta en este caso, la exministra reaccionó proclamando su «absoluta inocencia» y recordó que la Audiencia aún tiene que resolver su recurso contra su imputación. «Conviene recordar que un primer auto de imputación, con fecha de 28 de junio de 2013, fue declarado nulo de pleno derecho por este mismo órgano jurisdiccional, señaló en un comunicado. «Queda, pues, totalmente fuera de lugar la imposición de fianza civil justo antes de que se resuelva dicho recurso sobre el fondo del asunto, sobre si existe o no delito», añadió tras recordar que ninguna de las acusaciones solicitó la imposición de medida cautelar. Álvarez también destacó que su actitud ha sido en todo momento de colaboración total con la investigación, que se ha personado incluso antes de ser oficialmente notificada, que ha acudido a declarar en dos ocasiones y que ha contestado a todas las preguntas que se me han formulado. Ruiz-Mateos. Por otro lado, el empresario José María Ruiz-Mateos volvió a desafiar a Alaya al no presentarse a declarar, pese a que ésta le advirtió que de no hacerlo daría orden de detención. Por el momento, no ha llevado a cabo su amenaza, aunque no se descarta que lo haga en las próximas horas. Una de las posibilidades es que el jerezano sea trasladado por la Guardia Civil a un juzgado madrileño ante su delicado estado de salud.

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