La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 7.282.653,31 euros al exviceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Justo Mañas, quien ha comparecido este mismo jueves ante la magistrada Mercedes Alaya y se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.
En un auto dictado después de la comparecencia, al que ha tenido acceso Europa Press, la instructora atiende la petición realizada al respecto por la Fiscalía Anticorrupción y el sindicato Manos Limpias e impone dicha fianza civil a Justo Mañas, que fue viceconsejero de Empleo desde el 30 de marzo de 2010 hasta el 6 de mayo de 2012 y al que la juez imputa los delitos continuados de omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y malversación de caudales públicos.
De igual modo, la instructora le impone la prohibición "absoluta" de salir de España y le retira el pasaporte, a lo que se suma que el imputado deberá comparecer dos veces al mes ante el juzgado.
Según la magistrada, a su llegada a la viceconsejería Justo Mañas fue informado del contenido de "múltiples" informes que "ponían de manifiesto" la "caótica" situación de la Dirección General de Trabajo, entre ellos el informe de Garrigues que "precisaba la necesidad de observar un determinado procedimiento" para la concesión de ayudas "so pena de nulidad y anulabilidad".
Este informe, según la juez, también establecía "que se había eludido la fiscalización previa e individual de las subvenciones, al concederse mediante transferencias de financiación que la Consejería de Empleo transfería a IDEA según la Ley de Presupuesto".
"El contenido de estos informes, como ocurrió con el caso del nuevo director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, le sería puesto de manifiesto al nuevo viceconsejero, pues mucho había que cambiar y muchas decisiones que adoptar en la Dirección General", dice la juez, que añade que la técnico María José Rofa "se dirigió a Mañas al incorporarse" a su nuevo cargo "exponiéndole en síntesis los problemas que ella había encontrado y el contenido de tales informes".
"TONO JOCOSO". Ante ello, el imputado le contestó que estaba "acostumbrado a este tipo de situaciones y, en tono jocoso, le contestó: *tengo que ir a Fiscalía?". La magistrada dice que, ante "los problemas expuestos", Justo Mañas adoptó como "dinámica" la sustitución de las transferencias de financiación por una encomienda de gestión, la cual no tenía justificación y "no sirvió más que para aparentar un cambio que en realidad no se produjo porque no se requirió la fiscalización previa de las subvenciones solicitadas y otorgadas como control de legalidad".
Alaya asevera que "la guinda del pastel" fue que esta encomienda "se dictó a sabiendas de una infracción esencial de procedimiento", ya que de conformidad con la Ley de Administración de la Junta dicha encomienda "debía haberse aprobado con carácter previo" por el Consejo de Gobierno, todo ello "al pertenecer IDEA a la Consejería de Innovación y no a la de Empleo".
De este modo, "y en ejecución de dicha encomienda, indiciariamente ilegal, se tramitaron 101 expedientes de subvenciones en 2010 y otros cuatro en 2011", dice la juez, que, en relación a las ayudas pendientes de pago, asegura que el imputado "dio continuidad al sistema".
"PRESIONES". Asimismo, asevera que, "conociendo las presiones" que estaba ejerciendo la presidenta del consejo de administración de la empresa Acyco, Encarnación Poto, "persona de influencia en los círculos políticos de la Junta", el exalto cargo "accedió" a que su entonces director general de Trabajo "procediera al pago de la ayuda sociolaboral excepcional" por valor de 109.620 euros.
"Además del uso indebido de fondos públicos", Justo Mañas "incumplió con el deber legal de poner los hechos en conocimiento de la Justicia", hechos entre los que se encuentra la existencia de 'intrusos' como Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Fernández Garzón, las subvenciones a las empresas de Juan Francisco Trujillo --chófer del exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero--, y, "en definitiva, la ausencia del procedimiento subvencionador, lo que convertía en ilegal y arbitrario".
