Local

La juez Alaya investiga los bienes de Fernández y toda su familia

Ha imputado a 15 personas más y pide datos sobre las ayudas sociolaborales otorgadas por la Junta

el 10 may 2011 / 20:29 h.

TAGS:

El ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, imputado en el caso de los ERE / el correo

El patrimonio del exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el de toda su familia será investigado por la Policía Judicial por orden de Mercedes Alaya, dentro de la causa abierta por las presuntas irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), en el que está imputado. La jueza ha imputado a 15 personas más (ya son 29) y ha ordenado que se investiguen las ayudas sociolaborales dadas por la Junta de Andalucía a 24 empresas.

En un auto, de 44 páginas, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla reclama a la Policía que, además de la información sobre el patrimonio de los inculpados, se centre en la del exconsejero, así como en la del exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas ; el del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero ; y la del mediador en los ERE, Juan Lanzas. Pero la magistrada va más allá porque también pide que "se haga extensiva dicha investigación a sus cónyuges, padres de ambos, hijos de ambos y en su caso sus respectivos cónyuges y/o parejas, así como los hermanos y sus cónyuges y sus parejas".

Alaya detalla en el auto la participación de cada imputado, aclarando que por ahora no van a ser llamados a declarar -la Fiscalía lo había solicitado- debido a la "extraordinaria amplitud y complejidad de los hechos". Además, la jueza ha imputado a 15 personas más, todas ellas intrusas en los diferentes ERE. Entre ellas, se encuentran un cuñado de Rivas, la suegra de Guerrero y el padre de la candidata del PP de Córdoba que dimitió tras conocerse que el nombre de su progenitor era uno de los intrusos .

De esta forma, la instructora aclara que la imputación de Fernández se debe, entre otros motivos, a su inclusión en el ERE de 2008 de González Byass "cuando él dejó de trabajar para dicha empresa el 10 de octubre de 1981". Además, recuerda que él ocupó el cargo de consejero de Empleo entre el 24 de abril de 2004 y el 22 de marzo de 2010, es decir, fue la "Autoridad Laboral durante la mayor parte del periodo investigado". Por ello, y por la declaración de Guerrero, le considera "indiciario conocedor" de las pólizas particulares que Guerrero firmó "para personas próximas a la inclusión que éste hacía en los ERE de personas que nunca habían trabajado en las empresas". La jueza también le reprocha que era "conocedor de los importantes reparos que la Intervención General realizó al procedimiento utilizado para materializar estas ayudas".

En cuanto al exdelegado de Empleo de Sevilla, Alaya explica que como tal "autorizó un buen número de expedientes en los que se han detectado falsos trabajadores", entre ellos, el de Mercasevilla. Así, recuerda que Rivas "no apreció dolo, fraude, ni la menor irregularidad" en el de 2007, pese a que "había contratado al mismo número de trabajadores que en el primer expediente [de 2003] habían sido despedidos" y a que se había incluido un intruso con su "indiciario" conocimiento. Asimismo, le imputa por "autorizar" la ampliación de este ERE para acoger a una persona que "había sido contratada el mismo día de su inclusión" y porque "pudo favorecer a su cuñado", que es uno de los intrusos.

Alaya también reclama a la Policía documentación sobre los distintos ERE, pero también de los casi 50 millones de euros que se concedieron como ayudas sociolaborales por la Consejería de Empleo a 24 empresas. En el listado de la magistrada, se encuentran los ayuntamientos de Los Palacios y el de Santiponce, a los que se les otorgó 901.518,16 y 871.467 euros respectivamente; además de la Sociedad de Desarrollo Local de El Pedroso (localidad de Guerrero), a la que se le entregó 901.518 euros, pero 50.000 euros no fueron ingresados. La mayor ayuda fue la destinada a Heineken España que recibió 16 millones de euros.

La magistrada también analizará los ERE muertos

La investigación interna realizada por Empleo, y cuyo resultado envió al juzgado, se centró en los 64 ERE vivos cuyas prejubilaciones aún se están pagando (entre los que detectó 72 intrusos y 111discordancias administrativas). La Junta siempre ha mantenido que no ampliaría la revisión a los llamados ERE muertos salvo que surgieran “indicios” de irregularidad, pese a que la oposición se lo ha pedido varias veces y el PP ha sembrado sospechas sobre algunos de estos ERE, como el de Boliden. Ahora, es la jueza Alaya la que requiere al Gobierno andaluz que “aporte los informes que hubieran realizado sobre los ERE que no están en vigor”. La magistrada, que ya pidió los informes de la Intervención contra el procedimiento de la concesión de las ayudas, pide ahora a la Cámara de Cuentas sus trabajos de fiscalización sobre esas ayudas.

La inhibición no será elevada aún al Supremo

La jueza no tramitará de momento ante el Supremo el requerimiento de inhibición planteado por la Junta, que la considera incompetente para levantar el secreto de las actas del Consejo de Gobierno solicitadas. Alaya esperará a que la Audiencia Provincial resuelva los recursos de la Junta contra sus autos en los que reclamó esas actas, que tras un ultimátum bajo apercibimiento de desobediencia, la Junta accedió a mandar. Recuerda que los documentos“están custodiados y salvaguardados” en el juzgado, ya que permitió que se enviaran precintados y no se abrieran hasta que el Supremo dirimiera al respecto. Alaya justifica dejar en suspenso este trámite “por coherencia procesal y con el fin de evitar tramitaciones paralelas y pronunciamientos inútiles o contradictorios”.

  • 1