La juez de Sevilla que investiga la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta de Andalucía mediante una fórmula también sujeta a estas indagaciones ha ordenado a la Policía Judicial que investigue el patrimonio del exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, y de su esposa, padres e hijos, así como del resto de imputados en la causa.
En un auto de 44 páginas notificado este martes a las partes personadas en este procedimiento, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, ordena a la Unidad de Policía Judicial que se "centre" en la investigación del patrimonio, no sólo del ex consejero, sino también del ex delegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas; del exdirector de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y del sindicalista Juan Lanzas, todos ellos imputados en este procedimiento.
Habrá ampliación.
