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La juez Alaya pide a la Junta que aclare si ha usado en otras consejerías la fórmula de subvenciones investigada

el 28 oct 2011 / 17:03 h.

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La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que  investiga la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas en  expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas e incentivados con fondos autonómicos, ha requerido a la  Junta de Andalucía para que "informe si las ayudas a empresas  mediante transferencia de financiación a través" del antiguo  Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) se han realizado, además de  en la Consejería de Empleo, "en otras consejerías; a saber, Innovación, Ciencia y Empresa, Agricultura y Pesca o Turismo".   

La juez instructora indaga esta posible trama de prejubilaciones fraudulentas financiadas con fondos autonómicos y su relación con el  acuerdo rubricado, en 2001, entre la Dirección General de Trabajo y  Seguridad Social y el antiguo IFA, al objeto de librar 647.869.157,45  euros durante los últimos años en concepto de ayudas a la  reestructuración de empresas en crisis. Y es que con la citada  fórmula, según la investigación, el IFA actuaba como institución  pagadora de las subvenciones y los libramientos de ayudas habrían  eludido la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización  administrativa. En un auto de 44 páginas notificado este viernes, al que ha tenido  acceso Europa Press, la juez Alaya requiere, además, a la Secretaría  General Técnica de la Consejería de Empleo de la Junta para que  aclare numerosos puntos sobre la documentación remitida en relación con el ERE de la empresa González Byass, mientras que también acuerda  librar oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil  "a fin de que inicie una nueva línea de investigación" sobre las  empresas vinculadas a José Enrique Rosendo Ríos, hijo del exalcalde  de El Pedroso Rafael Rosendo, y "a su entonces persona de confianza"  José María Sayago Lozano.  

La juez asevera que el importe total de las ayudas recibidas a una  serie de empresas vinculadas al hijo del exprimer edil "y su persona  de confianza" asciende a 13.757.483 euros, "dándose la curiosa  circunstancia de que los pagos se realizan habitualmente con  repetición de las mismas fechas", y asevera que "la concentración en  las mismas personas y en el mismo grupo empresarial de un número tan  importante de ayudas públicas, realizadas a través de las  transferencias de financiación, lo que implica la ausencia de  procedimiento, de control del gasto y del destino de las cantidades  aplicadas, obliga necesariamente a investigar" determinados extremos  sobre estas empresas. 

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