La juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, ha reclamado a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento hispalense una copia del acuerdo suscrito en 2006 con la sociedad gestora del mercado central de abastos, Mercasevilla, para la reubicación del complejo de la lonja, extremo que abrió las puertas a la enajenación de los suelos del mercado central mediante el concurso investigado por esta juez a cuenta de sus supuestas irregularidades.
Alaya, en la misma línea, reclama también a la Gerencia de Urbanismo una copia del expediente de una licencia de obras solicitada en 2004 por la sociedad mercantil Larena 98, que gozaba de determinados derechos de superficie en estos terrenos.
Como es sabido, el procedimiento impulsado para enajenar los suelos del mercado central de abastos de Mercasevilla fue fallado en favor de la propuesta elevada por el grupo promotor 'Sanma Desarrollos Urbanísticos', filial de la constructora Sando, pese a que concurría una oferta económicamente superior por parte del grupo Noga.
Este extremo, descubierto gracias a la investigación promovida por la juez Mercedes Alaya en torno al supuesto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado por la exdirectiva de Mercasevilla, constituye una de las líneas de investigación en cuanto a la anterior gestión del mercado central de abastos por posibles delitos de prevaricación, maquinación para alterar el precio de las cosas, contra la ordenación del territorio, fraude y exacciones ilegales de funcionarios.
LARGA RELACIÓN DE IMPUTADOS
Dentro de esta causa figuran, en calidad de imputados el que fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA), los exgerentes de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla Manuel Marchena y Miguel Angel Millán, el exconcejal y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo; los exdirectivos Fernando Mellet y Daniel Ponce; el exresponsable del Área de Vía Pública del Ayuntamiento hispalense y exasesor del Grupo socialista Domingo Enrique Castaño; el presidente del grupo constructor Sando, José Luis Sánchez Domínguez, o el economista José Antonio Ripollés.
También están imputados en esta línea de investigación la directora del Area Económico-Financiera de Mercasevilla, Pilar Giraldo; el vicepresidente y consejero delegado corporativo de Sando, Luis Sánchez Manzano; el vicepresidente ejecutivo del área inmobiliaria, José Luis Miró Morales; el que fuera vicesecretario del consejo de administración y de la comisión ejecutiva de la sociedad mixta Mercasevilla, Jorge Piñero; la técnico de Urbanismo María Victoria Bustamante, la subjefa del Servicio de Licencias de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Emilia Barrial Chamizo, y el aparejador adjunto al jefe de Sección del Servicio de Licencias de Primera Ocupación, José Manuel Ferrera.
NUEVO AUTO DE LA JUEZ
Pues bien, en esta línea de investigación, y "a la vista de la documentación remitida por la Gerencia de Urbanismo", la juez Mercedes Alaya emitió el pasado 27 de junio un nuevo auto destinado a "completar dicha documentación", por lo que mediante este auto recogido por Europa Press reclama a la Gerencia de Urbanismo copias tanto del convenio inicial rubricado el 26 de octubre de 2006 entre este departamento y la sociedad mixta Mercasevilla para reubicar las instalaciones de la lonja, -extremo que liberaba sus suelos en cuestión-, como del expediente administrativo una licencia solicitada en 2004 por la sociedad mercantil 'Larena 98', administrada por Antonio Pardal.
EL PAPEL DE 'LARENA 98'
Y es que Antonio Pardal, como se ha informado también, había testificado ante la juez Mercedes Alaya para defender que cuando Manuel Marchena dirigía la Gerencia de Urbanismo, éste le ofreció participar en concursos de viviendas protegidas al objeto de que cediese a la constructora Sando determinados derechos de superficie de los que 'Larena 98' gozaba en cuanto a suelos de Mercasevilla.
A tal efecto, recuerda la juez Mercedes Alaya que el consejo de gobierno de Mercasevilla ratificó el 8 de noviembre de 2006 el acuerdo firmado con la Gerencia de Urbanismo para trasladar las instalaciones de la lonja, toda vez que la citada petición de licencia de Larena 98 es reclamada "nuevamente" junto a "todos los informes emitidos" al respecto.
