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La juez Alaya rechaza archivar las comisiones como pedía Mellet

el 23 may 2011 / 16:28 h.

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La juez que instruye el caso ERE, Mercedes Alaya.

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales en el  mercado central de abastos de la ciudad hispalense, Mercasevilla, ha  rechazado el incidente de nulidad planteado por el exdirector general  del merca Fernando Mellet y ha dado traslado a los abogados defensores para que presenten sus escritos en el plazo de cinco días.  

Así lo han dado a conocer a Europa Press fuentes del caso, que han  precisado que la juez Mercedes Alaya ha dado cinco días a los  abogados de los imputados en esta rama de la investigación, como son  Mellet; su antiguo director adjunto, Daniel Ponce; el exdelegado  provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas y María Regla  Pereira, coordinadora de proyectos de la ya extinta Fundación Socioasistencial de Mercasevilla cuando ocurrieron los hechos, al  objeto de que presenten sus escritos de defensa.  

Hay que recordar que, dentro de esta causa, que será enjuiciada  por un jurado popular, la Fiscalía reclamó sanciones de 900.000 euros  y suspensiones de empleo o cargo público por un periodo de 21 meses a  cuenta de un presunto delito de cohecho para cada uno de los cuatro  acusados. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el 18 de  diciembre de 2007 el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), la Fundación  Socioasistencial de la sociedad mixta Mercasevilla, la Asociación  Empresarial de Hostelería de Sevilla y la empresa 'Alazar',  perteneciente al grupo hostelero 'La Raza', suscribieron un protocolo  en el que "ya se mencionaba" la creación de un centro de formación de  hostelería en los suelos de Mercasevilla, dirigida entonces por  Mellet. A tal efecto, Mellet solicitó el 1 de agosto de 2008 "formalmente"  al Servicio Andaluz de Empleo una subvención para creación de esta  escuela de hostelería.

El 16 de diciembre de 2008, a tal efecto, el  presidente del SAE visaba la concesión de esta resolución por un  importe de 900.000 euros. Es entonces, según este documento, cuando  el otrora delegado provincial de Empleo "se pudo en contacto" con  Mellet y "de común acuerdo", con el fin de obtener un lucro ilícito,  decidieron exigir a los responsables del grupo Alazar una comisión o  dádiva de al menos 300.000 euros a cambio de que fuera el grupo  Alazar quien se encargara de la gestión y explotación del centro de  formación". Daniel Ponce y María Regla Pereira, según el escrito de  acusación, estaban "enterados de esta decisión y aceptaron colaborar"  con Rivas y Mellet.

EL PRIMER ENCUENTRO

Dado el caso, el 16 de enero de 2009, el entonces director adjunto  de Mercasevilla Daniel Ponce celebró una reunión con el responsable  del grupo 'La Raza' Pedro Sánchez Cuerda, actualmente presidente de  la patronal hostelera de Sevilla. En tal encuentro, Ponce habría  reclamado al empresario la entrega de 300.000 euros a cambio de la  adjudicación de la gestión de la futura escuela de hostelería "so  pretexto de que era 'una colaboración voluntaria con la Junta de  Andalucía'", pidiendo otros 150.000 euros por los costes de la  instalación eléctrica de la parcela que habría de albergar la futura  escuela de hostelería. Regla Pereira, según la Fiscalía, habría  asistido "parcialmente" al encuentro "reforzando la petición" de  Ponce.

Ya el 27 de enero de 2009, fue celebrado un segundo encuentro  entre Sánchez Cuerda, su socio José Ignacio de Rojas, Ponce y Mellet,  una reunión que fue grabada en secreto por los dos empresarios. En  tal encuentro, Mellet y Ponce "insistieron en la petición de las  candidades de dinero, reforzando su petición con el falso argumento  de que lo pedido no era para ellos, sino para 'una colaboración con  la Junta'". La grabación, finalmente, fue entregada por estos dos  empresarios a la Consejería de Empleo, que elevó el material sonoro a  la Fiscalía de Sevilla dando pie a las primeras diligencias  correspondientes a la investigación promovida por el Juzgado de  Instrucción número seis en torno a la gestión del mercado central de  abastos.

De su lado, el PSOE, personado como acusación popular, no ha  acusado finalmente dentro de este caso ni a Rivas ni a Pereira,  considerando autores de un delito de estafa cualificada en grado de  tentativa a los exdirectivos del merca Fernando Mellet y Daniel  Ponce, para cada uno de los cuales pide dos años de prisión y el pago  de una multa de 18.000 euros, así como pide que ambos presten fianza  por importe también de 18.000 euros para cubrir las responsabilidades  civiles de su delictiva actuación, "que afortunadamente no llegó a  consumarse".

EL PP PIDE EL PAGO DE UNA MULTA DE 3,6 MILLONES

Asimismo, el PP ha solicitado un año de prisión, el pago de una  multa de 3,6 millones de euros y 13 años de inhabilitación para  empleo o cargo público para el exdelegado provincial de la Consejería  de Empleo en Sevilla y para Fernando Mellet, pues los considera  autores de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso de  información privilegiada. Además, pide la pena de multa de 1.350.000  euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por  tiempo de tres años para Daniel Ponce y para María Regla Pereira, a  los que imputa únicamente un delito de cohecho. De manera  alternativa, imputa a los acusados un delito de estafa en grado de  tentativa, por el que pide 3 años y 11 meses de prisión y el pago de  una multa de 74.400 euros. 

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