La magistrada quiere saber si las más altas instancias de la Junta de Andalucía eran conocedores de la ilegalidad del procedimiento de los ERE. También reclama al Gobierno central la certificación y el acuerdo del Consejo de Ministros para aportar ocho millones de euros al Plan de Empleo de la Bahía de Cádiz y documentación de las pólizas de la Faja Pirítica de Huelva.
La jueza Mercedes Alaya se ha puesto a desempolvar peticiones de pruebas que le vienen reclamando las distintas partes desde hace un años y las ha reunido todas en un auto en el que reclama de nuevo numerosa documentación para continuar con la investigación del fraude de los ERE. Entre tanto papel, la magistrada solicita a la Junta de Andalucía todas las actas, así como el orden del día, de todos los consejillos de los viceconsejeros desde el año 2001 hasta el 18 de octubre de 2012. Igualmente, reclama al Gobierno central diversa documentación relativa a los ocho millones de euros aportados por el Servicio Estatal de Empleo al Plan de Empleo de la Bahía de Cádiz. Alaya también cita a dos testigos y a cuatro imputados que le han reclamado declarar para los días 29 y 30 de octubre.
En un auto fechado el pasado 22 de octubre, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 atiende a la petición planteada, hace siete meses, por la exasesora de Empleo e imputada en el caso María José Rofa -y que ya en febrero de 2013 la solicitó el PP- y por ello reclama a la Junta de Andalucía que aporte en el plazo de diez días las actas de las reuniones de la Comisión General de Viceconsejeros (consejillos) desde el año 2001 hasta el 18 de octubre de 2012, así como las convocatorias internas y el orden del día que hubiera. Con esta prueba la instructora pretende investigar cuantas cuestiones eran analizadas en los citados consejos en torno al uso ilícito de las transferencias de financiación para el pago de IDEA de las subvenciones sociolaborales, así como la existencia de procedimientos en la concesión de todas las subvenciones, y la falta de fiscalización previa, el importante déficit presupuestario generado por la Consejería de Empleo y el consiguiente débito con IDEA, que anticipaba el pago de una subvenciones que se otorgarían arbitrariamente.
Igualmente, la jueza quiere indagar las modificaciones presupuestarias para incrementar el crédito presupuestario del programa 31L [el fondo con el que se financiaban los ERE], y los presuntos acuerdos de colaboración entre la Consejería de Empleo y la Consejería de Innovación. Pero, especialmente, si en dichos actos se recogen extremos que pongan de manifiesto el conocimiento generalizado entre las más altas instancias de la Junta de Andalucía de la indiciaria vulneración de la competencia del Estado en la concesión de tales subvenciones de naturaleza laboral y acerca de la ilegalidad de dicho procedimiento de concesión y pago. Un conocimiento que, según Alaya, ya existía en la fase de elaboración de los Prespuestos de cada año.
Estos consejillos que se celebraban semanalmente y eran presididos por el consejero de Presidencia, que en esa época fue Gaspar Zarrías y luego Mar Moreno. Ambos, de hecho, están señalados entre los aforados indicados por la jueza en su exposición razonada al Tribunal Supremo. Documento al que, además, se remite para ampliar la justificación de que ahora pida estas actas. La magistrada ya también pidió en su día las actas del Consejo de Gobierno, lo que abrió una disputa entre el Gobierno andaluz y la instructora relativa a si esta tenía o no competencias para acceder a ellas.
Asimismo, Alaya reclama al Gobierno central dos cosas. Por un lado, al Ministerio de Trabajo y a la seguradora Generali la documentación relativa a la formalización y al pago de las pólizas de Faja Pirítica de Huelva a la que se había comprometido la Administración General del Estado, al frente de la cual estaba entonces el PP. Unos expedientes que, según la instructora puede resultar útil para la elaboración del atestado sobre esta empresa en el que se encuentra trabajando en la actualidad la Guardia Civil, accediéndo así a una prueba que reclamó la Junta de Andalucía hace ya un año. Por otro parte, solicita a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Empleo la certificación de ingreso en la Tesorería General de la Junta de Andalucía de la Junta de Andalucía de la aportación financiera, por importe de ocho millones de euros realizada por parte del Servicio Público de Empleo Estatal, autorizada por acuerdo de Consejo de Ministro de fecha 28 de noviembre de 2008.
Alaya también reclama más documentación a Empleo y cita a declarar a dos testigos para el próximo 29 de octubre y a cuatro imputados, que en su día fueron citados pero que se acogieron a su derecho a no declarar por no haber tenido acceso a las actuaciones, para el 30 de octubre.
