R. Velis / J. Alonso
La investigación que partió de una supuesta petición de comisiones a los empresarios de La Raza para construir una escuela de hostelería en Mercasevilla ha desembocado en una exhaustiva revisión de la operación de venta del suelo por un importe de 107 millones. Tras la adjudicación, Sando dio 246.000 euros en dos entregas a la fundación.
En el contrato de adjudicación de la opción del derecho de compra sobre los terrenos de Mercasevilla cuando se formalizase el traslado -firmado en febrero de 2006- se recogía que la empresa debía pagar 30.000 euros anuales durante cinco años como colaboración con la fundación, una cifra que se abonó de una sola entrega de 150.000 euros. A esta cantidad hay que añadir otros 96.000 euros donados durante el mes de mayo. La juez interrogó a la directora de estructuras de la empresa pública e imputada en el caso, Regla Pereira, sobre el destino que tuvo este dinero. Ésta negó conocer el uso que tuvieron estas cantidades y afirmó que los cursos pactados no se llegaron a realizar. Sando, consultada por este periódico, se limitó a remitir una escueta respuesta: "La empresa no tiene nada que comentar sobre un proceso judicial en marcha. Estamos a disposición de la juez y ofrecemos toda nuestra colaboración".
Pero esta no fue la única donación realizada durante esta operación a la fundación, cuyas cuentas eran supervisadas por la propia Pereira. La directiva detalló algunas de ellas. En primer lugar, José Antonio Ripollés, titular de una consultoría -ayer no no quisieron responder a este periódico y llegaron a negar que el titular de la firma trabajase allí-, quien declarará hoy como testigo por su participación en la adjudicación a Sando de este contrato. Según la declaración realizada ayer, abonó 3.969 euros en ropa a la fundación en 2007 y 6.639, en 2008, una cifra similar a la que dio su hermana, Inocencia Ripollés.
Hubo también donaciones de una de las tres empresas que tasaron el suelo y una individual de José Alcaraz Esquerra quien, según Pereira, pertenecía en esos momentos a Mapfre, de 10.000 euros. Y por último una del estudio Urbanismo y Arquitectura López Bermúdez, que realizó un informe urbanístico sobre los terrenos y que abonó 3.000 euros.
La figura de las donaciones de empresas que obtengan un contrato no es ilegal, pero la investigación judicial parte de una grabación en la que los directivos de Mercasevilla pedían supuestamente comisiones que debían abonarse a la fundación. Y, en este caso, se produjeron en el entorno de una operación en la que la juez ha detectado indicios de ilegalidad porque considera que se dio el contrato a Sando cuando había, según ella misma afirma, una oferta mejor de otra empresa.
Entre 2005 y 2006 se produjeron dos operaciones relacionadas con Sando. La subrogación del contrato de las naves unidad alimentaria y el concurso público para la adjudicación del derecho de opción de compra de los terrenos por 107 millones de euros, de los cuales cinco se abonaron en febrero de 2006. La juez ha relanzado su investigación sobre esta operación con las declaraciones previstas para hoy. Por un lado, la del citado Ripollés. Por otro, la de María Victoria Bustamante. Ésta es actualmente jefa de negociado de Vía Pública en el área de Urbanismo donde estuvo un tiempo a las órdenes de Domingo Enrique Castaño, con quien luego compartió consejo de administración en la empresa Mercasevilla. Según fuentes consultadas, su labor técnica en la operación de venta del suelo se enmarca en su trabajo en la empresa pública y no en la Gerencia de Urbanismo, que no intervino en esta operación salvo en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que contempla el traslado de la empresa y la explotación de su suelo con usos residenciales y terciarios. La tercera persona que irá a declarar como testigo es el vicesecretario de Mercasevilla, Jorge Piñero -quien ha sido citado el próximo seis de agosto-. Todos ellos participaron de algún modo en el expediente de contratación de Sando que luego pasó a la ejecutiva de Mercasevilla.
Pero esta operación fue en 2006, mientras que la supuesta petición de comisiones a La Raza se produjo en 2009. Pereira negó tener constancia de que se pidiera ese dinero y afirmó no haber estado presente durante toda la conversación en la que supuestamente se realiza esta solicitud. Además, negó tener constancia de la participación directa o de indicaciones de cargos políticos como Enr ique Castaño, Alfonso Mir, Manuel Marchena o Rodrigo Torrijos.
La juez prioriza la grabación y la venta de los terrenos
Después del brusco giro que la juez instructora del caso Mercasevilla ha dado a la investigación al centrarla en la operación de venta de los suelos de la empresa pública, la magistrada lanzó ayer, según varias fuentes consultadas, una advertencia a los letrados: no será un macroproceso, sino que tendrá como ejes la grabación en la que los ex directivos de la empresa piden supuestamente la comisión a los empresarios del grupo La Raza, y la operación de venta de los terrenos de Mercasevilla a la empresa Sando. Quedan así de momento en un segundo plano las subvenciones de la Junta de Andalucía. De hecho, el delegado de Empleo, Antonio Rivas, es el único de los imputados que ha quedado excluido de la primera ronda de citaciones. Ayer, la juez preguntó a Regla Pereira por los principales dirigentes políticos de Mercasevilla, a quienes ni siquiera ha citado. La empleada negó tener trato con ninguno de ellos.
