La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ronda, Judith Saiz, dejó ayer en libertad a dos de los siete detenidos en el marco de la operación Acinipo contra la corrupción urbanística en la ciudad serrana: se trata de los ediles socialistas Rafael Lara, exdelegado de Seguridad; y María José Martín de Haro, exconcejala de Urbanismo. Sin embargo, el punto álgido se alcanzará previsiblemente hoy, cuando comparezcan ante la instructora el exregidor del PSOE Antonio Marín Lara y su mano derecha y secretario local, Francisco Cañestro.
Fuentes judiciales no descartan que, incluso, alguna declaración se aplace hasta primera hora del viernes, incluida la del exalcalde. Fuentes del TSJA no pudieron precisar los cargos imputados a los concejales ni si, para eludir la cárcel, se les fijó alguna fianza.
La juez investiga si se han cometido los supuestos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias, aunque aún no se conoce qué cargo se imputa a cada uno de los siete arrestados, ni siquiera a los dos que han salido en libertad. El Palacio de Justicia de Ronda registró ayer una inusitada calma ante un caso de corrupción urbanística, el séptimo en la provincia. Desde primera hora de la mañana, una veintena de periodistas se agolpaba a las puertas del juzgado a la espera de que pasaran a disposición judicial los arrestados. Algunos abogados se personaron en la Comisaría Provincial, donde pasaron la noche incomunicados, al menos, los cuatro ediles ahora en la oposición.
El objetivo de los juristas era recabar algo de información para preparar las respectivas defensas, aunque el secreto de sumario para las partes ha propiciado que los hechos lleguen a cuentagotas. Cuatro coches de la Policía Nacional acordonaron los alrededores del Palacio de Justicia de Ronda y la puerta de entrada al parking, de tal forma que una acera quedó habilitada para los vecinos -no hubo más de treinta en todo el día- y otra, para los periodistas.
No hubo ningún movimiento hasta las 15.30 horas, cuando llegaron dos coches de la Policía Nacional. Una hora después, tres vehículos policiales más, dos camuflados, se aproximaron a gran velocidad al edificio. En uno de ellos iba la edil, quien se tapó con una sábana; en otro, su compañero Rafael Lara presentaba un semblante tranquilo. De hecho fue el primero en comparecer ante la togada, una intervención que se prolongó durante dos horas.
Al filo de las 19.30 horas, su abogado, Luis Candelas, enfiló las escalinatas del Palacio de Justicia visiblemente satisfecho y con el auto de libertad en la mano, pero no quiso decir nada: "Mi cliente se encuentra bien, de hecho, en los próximos días dará una rueda de prensa. Está positivo, tranquilo y ha respondido a todo lo que se le ha preguntado". Después, se dirigió a una cafetería anexa en la que lo esperaban la mujer y la hermana del detenido, abrazándose a la primera, lo que aprovechó el edil para salir por el parking de la Policía Local, que comparte las dependencias judiciales, ubicado en la zona trasera del edificio. Un coche lo recogió.
También declaró durante dos horas María José Martín de Haro, exedil de Urbanismo, que abandonó el Palacio de Justicia de forma idéntica a su compañero de oposición y de partido. Otro turismo la sacó por la parte trasera del inmueble, evitando la fotografía. Su abogado también salió caminando por la entrada.
Por otro lado, Eroski aseguró que los dos arrestados que se vincularon con la empresa son asesores externos de la misma, relacionados con una sociedad inmobiliaria. Otras fuentes distintas a las anteriores aseguraron que éstos quedaron en libertad tras declarar ante la policía, pero este extremo no pudo ser confirmado.
Este periódico pudo saber que el martes, cuando la Udyco registró el Ayuntamiento, despachos particulares y viviendas, también se intervino en la sede de la firma jurídica que Marín Lara, abogado de profesión, tiene en San Pedro Alcántara. La policía se llevó hasta ocho cajas con documentos y algunos soportes informáticos relativos, al menos, a tres operaciones urbanísticas: la venta de los terrenos del campo de fútbol para la construcción de un Eroski, nudo gordiano del proceso Los Merinos, donde debían levantarse 800 viviendas de lujo, campos de golf y hoteles, y expedientes relacionados con las edificaciones irregulares de La Hoya del Tajo.
El fiscal Anticorrupción Valentín Bueno, ya conocido por Astapa o Arcos, es quien impulsa las diligencias, que se abrieron en 2010, y que nacieron tras una investigación de propia del ministerio público.
