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La jueza Alaya da un paso más hacia la imputación de Chaves y Griñán

En septiembre ya apuntó su preimputación en la causa corrupta en un auto que recurrió la Fiscalía

el 05 dic 2013 / 15:18 h.

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Chaves y Griñán, en una imagen de archivo Chaves y Griñán, en una imagen de archivo La jueza Mercedes Alaya ha dado un paso más hacia la imputación de Manuel Chaves y José Antonio Griñán en la causa de los ERE fraudulentos. La magistrada ha pedido al Congreso de los Diputados y al Parlamento andaluz que acrediten si los expresidentes de la Junta y cinco exconsejeros –José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila y Manuel Recio– gozan de aforamiento. Chaves, Viera y Griñán, diputados en Cortes, son aforados ante el Tribunal Supremo, mientras que Griñán, Vallejo, Aguayo, Ávila y Recio, parlamentarios en la Cámara autonómica, están aforados ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Alaya ya apuntó la preimputación de todos ellos en un auto de 10 de septiembre que fue recurrido por la Fiscalía Anticorrupción porque, a su juicio, generaba “indefensión”. La jueza Alaya no puede imputar a ningún aforado. El paso que ha dado ahora, al solicitar que se certifique el aforamiento de los excargos de la Junta, puede ser la antesala para elevar la causa al Supremo, lo que desembocaría en que el Alto Tribunal termine imputando a Chaves y Griñán, entre otros. El primero fue presidente andaluz desde 1990 hasta 2009, cuando cedió el testigo a su entonces consejero de Economía. Griñán abandonó la presidencia a la vuelta del verano, apenas un año y medio después de las elecciones autonómicas. Uno de los principales motivos que precipitó su marcha fue precisamente la erosión que sufría el Gobierno andaluz por este escándalo. Griñán nombró sucesora a Susana Díaz, que prescindió en su Ejecutivo de los consejeros salpicados de alguna manera por el caso ERE –Martínez Aguayo y Ávila–. Durante la toma de posesión del nuevo Gobierno en San Telmo cayó como una bomba un nuevo auto de la jueza Alaya, de 10 de septiembre, donde preimputaba a los dos expresidentes y a los cinco exconsejeros por su supuesta responsabilidad en la trama de fraude en el empleo. La magistrada comunicó a todos ellos la existencia del procedimiento “en calidad de imputados” y a tenor del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La jueza señaló que, al amparo del artículo 71.2 y 3 de la Constitución española, “no puede realizar con respecto a los aforados un juicio formal de imputación o inculpación”, no obstante lo cual “sí puede darles traslado de las actuaciones para que se personen si lo desean a tenor del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con una resolución como la presente, asimilable a la de admisión a trámite de denuncia o querella, que no constituye como señala la jurisprudencia” del Tribunal Supremo “un acto de imputación judicial, pero permite al querellado defenderse en el proceso por los hechos que pudieran incriminarle”. Las reacciones de los afectados, del Gobierno andaluz y del PSOE al completo fueron unánimes y de total rechazo al proceder de Alaya. Poco después, la Fiscalía Anticorrupción, en un escrito pendiente de resolver por la Audiencia de Sevilla, recurrió el auto de 10 de septiembre ya que, a su juicio, “adolece de la motivación necesaria” y “no es ajustado a Derecho”. Según la Fiscalía, el auto podía causar “la indefensión que se pretende evitar”, por lo que pedía que la jueza dictase un nuevo escrito en el que “concrete” los hechos “por los que cada uno de los aforados puede ser objeto de investigación” y luego “se les dé traslado de la presente causa en calidad de imputados conforme al artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. aforamiento // Ahora Alaya, en una providencia dictada el pasado 22 de noviembre, libra oficios a las secretarías generales tanto del Congreso como del Parlamento para que “informen de la condición de aforados” de todos los ex altos cargos de la Junta citados. José Antonio Viera fue consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico; Francisco Vallejo, de Innovación, Ciencia y Empresa; Carmen Martínez Aguayo, de Hacienda y Administración Pública; Antonio Ávila, de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y Manuel Recio de Empleo. De igual modo, y “desconociendo el domicilio de las personas” aludidas en dicho auto, la jueza acuerda igualmente librar oficio a la Guardia Civil, “como ya les fue anticipado verbalmente tras el dictado de dicha resolución”, a fin de que “practique diligencias encaminadas a informar” de dichos domicilios. El PSOE-A consideró “sorprendente e inoportuna” la última providencia de Alaya. A su juicio, “sorprende” que la solicitud de información al Congreso y al Parlamento sobre los aforados se produzca más de tres meses después del auto que apuntaba a la posible imputación de estas siete personas. La macrocausa de los ERE fraudulentos, que ha destapado la supuesta malversación de fondos públicos de la Consejería de Empleo durante una década, acumula ya 136 imputados.

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