La jueza instructora del caso de los ERE, Mercedes Alaya, en los juzgados de Sevilla. / EFE
La jueza Mercedes Alaya sigue profundizado en la investigación por las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) y más concretamente en las sobrecomisiones que pudieron acabar en manos de los sindicatos y las mediadoras. En un auto dictado el pasado 18 de febrero, autoriza a la Guardia Civil para que pueda recabar toda la documentación de las cuentas vinculadas a distintas federaciones sindicales y a UGT Valencia. Además, la magistrada ha ordenado que se averigüe el patrimonio del que fuera viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, después de que ya le haya sido embargada una finca para asegurar la fianza de 490.324.096,82 euros que le pide.
Según destaca la jueza en su auto que hasta ahora la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil «ha podido acreditar que los sindicatos y sus entornos societarios habrían sido receptores de fondos públicos, indiciariamente como contraprestación por la labor desarrollada en los procesos de reestructuración de empresas». Dentro de este trabajo, «estarían apareciendo nuevas cuentas de destino cuyo titular es alguna federación sindical, tanto de CCOO como de UGT», por lo que para que los agentes puedan completar su investigación la instructora ordena a las asesorías jurídicas de diferentes bancos para que «a la mayor brevedad informe sobre la fecha de apertura, titularidad y autorizados actuales o que lo hayan sido» de diversos productos bancarios. Así, ordena que se remita a la Guardia Civil la documentación de la Federación Regional del Metal Construcciones y Afines, la Confederación sindical de CCOO, la Federación Agroalimentaria y UGT de Valencia. Ya antes, la juez había pedido información de las cuentas desde 2001 de varias consultoras vinculadas a los sindicatos y otras tantas federaciones.
Asimismo, Alaya ha ordenado que se investigue el patrimonio de Barberá con el fin de averiguar nuevos inmuebles y bienes que puedan ser embargados para asegurar la fianza de 490.324.096,82 euros impuesta, como ya hiciera con una finca en Cádiz. Según la jueza, en la etapa que ocupó el cargo de viceconsejero se concedieron 220 ayudas sociolaborales y 27 ayudas directas, lo que supuso el uso que entregó de forma «arbitraria» fondos por valor de 468 millones de euros.
Por otro lado, Alaya notificó ayer a las partes un informe de la Guardia Civil sobre las empresas de la familia de José María Ruiz Mateos, que le reclamó a los agentes tras la imputación del padre y tres de sus hijos por los ERE del Hotel Cervantes de Torremolinos y su empresa Dhul. La UCO hace alusión a varias decenas de compañías de las que son o han sido directivos seis hijos del polémico empresario como la conocida Nueva Rumasa, el Rayo Vallecano o una entidad llamada Que te pego, leche, que recuerda el encontronazo que el cabeza de familia tuvo en 1988 por parte de Ruiz Mateos con el exministro de Economía socialista Miguel Boyer, al que intentó agredir.
La jueza instructora del caso de los ERE, Mercedes Alaya, en los juzgados de Sevilla. / EFE
Ayer el alcalde de Guadalcanal, el popular Jesús Manuel Martínez, elevó al juzgado de Alaya, una grabación sonora relativa a un acto público en el que el exalcalde socialista de este municipio de la Sierra Norte, Carmelo Montero, explica que como primer edil, solicitó al entonces consejero de Empleo José Antonio Viera, «un dinero» para la cooperativa agrícola de la localidad. Viera, otrora líder del PSOE sevillano, vio «bien» esta petición y la subvención fue concedida, según la grabación. La Sierra Norte de Sevilla juega su propio papel en los ERE y la Guardia Civil ha atribuido a Viera, diputado socialista en el Congreso, «un papel esencial» en la trama, aunque el exconsejero no ha sido imputado y es aforado.
