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La juez del caso ERE imputa al exdiputado del PSOE-A Ramón Díaz y cita en julio a Márquez, Rivera y Barberá

Imputa a Ramón Díaz y cita en julio a Márquez, Rivera y Barberá

el 20 jun 2012 / 09:05 h.

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La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya , ha imputado la causa por las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) al exdiputado del PSOE-A en el Parlamento andaluz por Sevilla Ramón Díaz .

Alaya también ha citado a declarar a lo largo del próximo mes de julio en calidad de imputados al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y a Antonio Márquez y Agustín Rivera, los dos exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social de la Junta que sucedieron en el cargo a Francisco Javier Guerrero , actualmente prisión. En concreto, Márquez ha sido citado a declarar el próximo día 3, Rivera el 11 y Barberá el 27.

La instructora de los ERE también imputa a María Angeles Gala  Martín, que fue responsable de la secretaría de la Dirección General  de Trabajo y estuvo en este departamento desde el 1 de enero de 2000  hasta el 24 de abril de 2009, siendo tramitadora de los expedientes  de ayuda en la época de Francisco Javier Guerrero junto a Rocío  Sayago Gómez, a la que, igualmente, imputa en la causa y le atribuye  haber "influido" en que la empresa de su marido y cuñado recibiera  una ayuda directa de 60.000 euros por parte de Guerrero. 

En este sentido, la magistrada ha dictado una providencia,  consultada por Europa Press, en la que, además de citar a declarar el  día 6 de julio a la propia Rofa, cita como imputados el 3 de julio al  exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez; el 11  de julio a su sucesor en el cargo, Daniel Alberto Rivera, y, por  último, el día 27 de julio al exviceconsejero de Empleo Agustín  Barberá.

Volviendo al auto, Mercedes Alaya considera que Ramón Díaz, asesor  de la Consejería cuando se dieron las ayudas investigadas, tuvo una  "activa participación" en la inclusión de dos intrusos en el  expediente de Calderinox --Juan Rodríguez Cordobés y Antonio  Fernández--, de otros dos en Saldauto --Rafael Rodríguez Fuentes y  Antonio González Pérez--, y de otro intruso en A-Novo, asegurando en  este último caso que "podría haber tenido interés en su inclusión"  por pertenecer el intruso a la Agrupación Socialista de Nervión. 

De igual modo, le imputa su presunta implicación en la ayuda  sociolaboral a SAT Virgen del Espino para ocho trabajadores por una  cuantía total de 450.000 euros, "cuando dicha empresa sólo tenía dos  trabajadores en la empresa y parecer ser que, en realidad, era para  pago de parte de subvenciones anteriores pendientes de pago". 

"COMIENZAN A CONSOLIDARSE LAS BASES DE LA CAUSA"

En el auto, la juez argumenta que, tras el atestado de la Guardia  Civil sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo,  "comienzan a consolidarse las bases de la presente causa", precisando  que, del atestado, "la parte verdaderamente novedosa es la referida a  la época que se abre en la Consejería tras el cese de Guerrero, al  que seguirían Márquez y Rivera". 

Así, y respecto a Márquez, hace una "extensión" de su imputación y  le atribuye haber "admitido, ordenado y consentido" la continuación  del uso del convenio-marco que reguló la concesión de las ayudas,  "cuando él, tras los primeros meses de su nombramiento, tuvo  importantes dudas sobre la legalidad del procedimiento", de forma que  "dio continuidad al instrumento que había permitido la adjudicación  irregular de las ayudas que él fue constatando, pese a conocer la  inclusión de intrusos".

"Pese a todo ello, mantuvo de un lado una conducta omisiva, pues  ni ordenó el reintegro de las cantidades percibidas ilícitamente ni  evitó el cobro de tales sumas en las pólizas de rentas colectivas",  mientras que, "por otro lado, tendría una activa participación en la  inclusión de nuevos intrusos como los de Calderinox y dando cobertura  de legalidad a las ayudas dadas por Guerrero con total ausencia de  procedimiento, como ocurrió en Río Grande y Surcolor". 

MÁRQUEZ, "PLENO CONOCEDOR" DE LOS "INCUMPLIMIENTOS"

Por todo ello, concluye que "era finalmente y de manera indiciaria  pleno conocedor de que en materia de ayudas sociolaborales y directas  se estaba incumpliendo la normativa comunitaria".

Respecto a Rivera, la magistrada dice que, "pese al conocimiento  que tendría" por las explicaciones que le proporcionó Rofa acerca "de  las irregularidades derivadas de la aplicación del procedimiento  específico, utilizó el mismo procedimiento de concesión de ayudas  públicas a través de transferencias de financiación cuyo pago era  materializado por esta vía por IDEA, si bien mediante un nuevo diseño  jurídico". 

Así, cita la orden "dictada el 27 de abril de 2010 por el  consejero de Empleo, Manuel Recio", con la que "se seguía con la  misma ausencia en el trámite de concesión, la fiscalización previa  del gasto y por supuesto el control del destino de las ayudas, además  de la omisión del resto de los requisitos del exigente sistema de  subvenciones", y añade que, además, esta orden "no había pasado el  filtro de la autorización del Consejo de Gobierno". 

RIVERA "COMPROMETIÓ EL USO DE FONDOS PUBLICO PARA PAGAR AYUDAS  ILEGITIMAS"

"Además de lo anterior y con carácter no menos relevante", Rivera  "acordó con el Consorcio de Compensación de Seguros, conociendo  indiciariamente la existencia de intrusos de determinadas pólizas de  Fortia y tras la quiebra de dicha aseguradora, pagar la deuda de  varias pólizas investigadas" por la Dirección General de Trabajo,  "comprometiendo el uso de fondos públicos para el pago de las ayudas  ilegítimas". 

A ello se une que, "como ocurriera con Márquez, dio continuidad a  las actuaciones presuntamente irregulares de Guerrero", añade la juez  Alaya, que concluye diciendo que "todo lo anterior se expone sin  perjuicio de que puedan estimarse de modo indiciario  responsabilidades de otros cargos de la Consejería de Empleo, de la  Consejería de Innovación o de IDEA conforme se vaya examinando mayor  documentación". 

En el auto la magistrada también hace alusión al exdelegado de  Empleo en Sevilla Antonio Rivas, imputado en esta causa y al que  atribuye ahora una "activa participación" en la inclusión en Intersur  de tres intrusos, como son Ricardo Medina Barrios, "vecino de Camas,  localidad en la que Rivas fue alcalde durante años", José Antonio  García Prieto, "concejal del PSOE en el Ayuntamiento", y José Acevedo  López, "familiar de Rivas". 

ROFA, "MANO DERECHA" DE MÁRQUEZ

Respecto a María José Rofa, "mano derecha" de Márquez, le imputa  que, "a pesar de sus intentos ante" el propio Márquez "para que se  produjera un cambio en el procedimiento a seguir ante las dudas sobre  la legalidad" del mismo, "terminó trabajando con las mismas  herramientas, aunque fuera por indicación de sus superiores, pero  teniendo ella conocimiento de la pregunta ilegalidad que todo ello  suponía". 

En el mismo auto, la juez requiere a la Junta para que identifique  al autor del informe del gabinete del consejero de Empleo "realizado  a su vez sobre el informe jurídico elaborado por Garrigues" en torno  a la "viabilidad" de las ayudas concedidas siendo Antonio Fernández  responsable del departamento, mientras que también requiere a la  Junta para que, "de manera urgente", aporte un listado de los  expedientes de reintegro de las ayudas sociolaborales o directas  concedidas, indicando la fecha de inicio de los mismos. 

En este punto, reprocha a la Junta que, a pesar de la reciente  documentación aportada en relación al expediente de 'Hijos de Andrés  Molina', éste está "todavía incompleto", por lo que le reclama que,  "sin más dilación o expedientes parciales, aporte el contenido  íntegro" del mismo. 

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