Una auténtica batalla dialéctica es lo que mantienen la juez del caso Mercasevilla y el PSOE. Ayer la magistrada aceptó su personación en un auto en el que vuelve a arremeter contra los socialistas por su actitud "lamentable" e "injusta". La titular del Juzgado de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, dedica unos "párrafos" a dar respuesta a los "errores e interpretaciones injustificadas" que el PSOE realizaba en su querella, dirigida contra el ex gerente de Mercasevilla Fernando Mellet, de sus decisiones.
El cruce de acusaciones se produjo después de que la juez rechazara la personación de Mercasevilla y su fundación en la causa abierta por el presunto intento de cobro de comisiones ilegales. Entonces la juez dijo que el interés de la empresa municipal era "apuntarse el tanto ante la opinión pública", unas palabras que escocieron en el seno del partido, más aún cuando también rechazó la personación del PSOE por un error formal.
El partido socialista hace alusión a estas palabras de la juez, acusándola de hacer valoraciones políticas fuera de su competencia, a lo que la magistrada ha contestado "verdaderamente sorprendida", ya que el PSOE hace referencia a un auto sobre otra causa y porque era una contestación "a la entidad y no a este partido político", salvo que "se entienda que hacen causa única, lo cual es una obviedad a la vista de la composición accionarial de Mercasevilla". La magistrada aclara que a ella las valoraciones políticas "ni le interesan ni le incumben" y que la única intención que tenía era dejar claro que "las investigaciones judiciales deben ser iniciadas con seriedad" y sin pretender que los tribunales "estén al servicio de criterios de oportunidad política o partidistas". Una advertencia que no sólo lanza al PSOE sino "a todos los partidos políticos que pudieran estar interesados en la causa".
En su particular batalla, la juez llega a calificar de "injustificada y lamentable por sobrepasar los límites de la dialéctica procesal" la actitud del PSOE por asegurar que está admitiendo a unos y excluyendo a otros, en referencia al PP, que ya ejerce la acusación popular. La magistrada insiste en que el trámite de la querella "se ha exigido a todos los que han pretendido el ejercicio de la acción popular", y que sólo se trata "de un mínimo esfuerzo jurídico para concretar los hechos en los que se basa el ejercicio de su acción penal". De hecho, la juez solicitó en su día este trámite al PP y al PA, que está pendiente de poder formalizar la personación.
La juez también entra a valorar la lentitud del PSOE para personarse en la causa -lo hizo al final de septiembre, siete meses después de conocer los hechos-, lo que dice "no es imputable" a ella por haber rechazado el primer intento. La juez también niega que haya adelantado las declaraciones de dos imputados para evitar la presencia del PSOE, alegando que "no pueden pretender que se ralentice la causa hasta que su personación se realice", asegurando que se trata de una acusación "injusta por incierta".
Por último, la magistrada aclara que es "absolutamente incierto" que se haya invitado al PSOE verbalmente a unas diligencias, en concreto a las que realizó la Policía Judicial para lograr los correos del ordenador de la técnico imputada, "pues esta instructora no ha tenido todavía el gusto de conocer ni al procurador ni al letrado que firman la querella".
Por otro lado, la juez recibió ayer el informe con el organigrama que encargó a la Policía Judicial, que aún tiene pendiente de entregar las declaraciones de los miembros de la comisión ejecutiva de Mercasevilla.
