La juez que investiga presuntas irregularidades en Mercasevilla ha pedido a la Policía una relación de los cargos públicos, privados y en partidos políticos de todos los miembros de la Comisión Ejecutiva y el Consejo de Administración de la empresa que aprobaron la venta de terrenos investigada. En un oficio al que ha tenido acceso Efe, la juez de instrucción 6 de Sevilla pide a la Policía Judicial que le informe del organigrama de Mercasevilla y de los cargos que hayan ostentado quienes aprobaron la venta de terrenos "a la fecha del concurso público y con posterioridad al mismo".
La juez investiga lo que ha denominado "adjudicación fraudulenta" a la empresa Sando de los terrenos de Mercasevilla, pues presuntamente su oferta era "antieconómica y contraria al interés general" respecto a la presentada por la constructora Noga.
Según datos del sumario, Sando hizo donaciones que totalizaron 246.000 euros a la Fundación Mercasevilla a raíz de ser adjudicataria de la opción de compra de esos terrenos, una bolsa de 363.000 metros cuadrados adyacentes a la vía de circunvalación SE-30.
En su oficio, la juez solicita la relación de todos los cargos que hayan ostentado "tanto en instituciones públicas, como partidos políticos y empresas" los miembros de la Comisión Ejecutiva y el Consejo de Administración de Mercasevilla que votaron dicha venta.
Esta petición se ha producido cuando la juez y la Fiscalía Anticorrupción barajan imputar a los siete miembros de la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla que aprobó la venta de sus terrenos en enero de 2005, entre los que se encontraba el actual concejal Antonio Rodrigo Torrijos (IU) y el ex edil Gonzalo Crespo (PSOE).
La venta de los terrenos es una de las dos ramas del sumario de Mercasevilla y en ella están imputados el ex gerente Fernando Mellet, el vicedecano del Colegio de Abogados y ex secretario de la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla, Jorge Piñero, y dos técnicos urbanistas.
Además, Mellet está imputado por presunto cohecho y fraude en la petición de una comisión de 450.000 euros al Grupo La Raza como condición para ser adjudicatario de la Escuela de Hostelería de Mercasevilla, asunto en el que también figura como imputado su adjunto Daniel Ponce, la funcionario M.R.B. y el delegado de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas.
