La juez del caso Mercasevilla, Mercedes Alaya, ha hallado una vía para continuar su investigación sobre la supuesta venta fraudulenta del suelo a Sando que le ha llevado al ex delegado de Fiestas Mayores, ex secretario general de la Agrupación del PSOE en Centro y ex presidente del mercado público, Gonzalo Crespo. Pese a que el informe policial del caso señala que no hay responsabilidad penal en los cargos de la ejecutiva y del consejo de administración, la magistrada le ha citado a declarar como imputado junto a otro cargo de Mercasevilla que hasta ahora apenas había aparecido en las diligencias: la directora económica-financiera Pilar Giraldo Moreno. Ambos formaban parte de la mesa de contratación que adjudicó el suelo a Sando, cuya labor investiga ahora la juez a raíz de las declaraciones realizadas por los representantes del Grupo Noga. Aunque los dos miembros de esta compañía que hasta ahora han declarado han negado sentirse perjudicados, uno de ellos, Antonio Barba, aludió a comentarios en la mesa que señalaban que la adjudicación iba a recaer en Sando antes de la apertura de plicas y de que se conocieran las distintas ofertas.
Barba señaló expresamente al técnico José Antonio Ripollés –imputado en la causa– como autor de algunos de estos comentarios, y de ahí que su defensa solicitase la declaración como testigo de Gonzalo Crespo como presidente de la mesa de contratación, además de las notificaciones realizadas posteriormente por Mercasevilla a todas las empresas que participaron en el concurso. Pero la juez ha ido más allá, y ha citado tanto al ex edil como a Pilar Giraldo como imputados “por el contenido incriminatorio y por el necesario respeto al derecho de defensa”. No se les atribuyen delitos. Pero se convierten en el noveno y décimo imputados de un caso que ya tiene citaciones hasta febrero.
El informe policial que resumía toda la investigación del caso no hacía mención alguna al papel de la mesa de contratación, aunque el PP ya había apuntado a este órgano. De hecho, denunció que en su composición se excluyera al secretario, al interventor y a la oposición. Quedó así compuesta por seis personas, todas ellas ya imputadas –Crespo, Jorge Piñero, José Antonio Ripollés, Fernando Mellet, Pilar Giraldo y María Victoria Bustamante–, y con el citado Antonio Barba como invitado.
Esta comisión basó su informe en el informe elaborado por los técnicos e incluso llegó a tener que justificar que la adjudicación recayese en Sando y no en Noga: “Sin perjuicio de ser en su conjunto una buena oferta, la gran diferencia en la puntuación que ha obtenido Sando no plantea la más mínima duda de que es la mejor. Esto se ha manifestado en todos los aspectos sujetos a baremación, sin perjuicio de que en algunos haya sido mejor la oferta de Noga”. Ese informe en el que se agradece el trabajo de los técnicos pasó luego a la comisión ejecutiva donde fue aprobado. De los asistentes a aquella sesión, a la juez sólo le quedan tres por imputar: Antonio Rodrigo Torrijos, Ángel Gil y Arturo Cortés de la Cruz. Los trámites se detienen ahí, y no llegan ni al consejo de administración ni al Pleno.
La imputación de Crespo genera un segundo problema en el PSOE. Al contrario que Domingo Enrique Castaño, Fernando Mellet o Daniel Ponce, él sigue militando en la Agrupación Centro. Es el segundo imputado en este caso, junto a Antonio Rivas, que mantendrá, de momento, el carné socialista.
Informe de la Agencia Tributaria
La juez se está centrando ya en cómo se puntuó el pliego más que en su elaboración. Y ahí tiene dos informes encima de la mesa. El primero, en el que se basó la adjudicación, lo realizó un catedrático de la Universidad de Sevilla, Antonio Pajares, aunque al declarar como testigo dudó de los efectos de su estudio. El segundo, del despacho Bot & Sánchez, fue encargado por la Policía Judicial y concluye que la puntuación no se corresponde con el pliego y que no es rentable. La juez ha encargado un tercero a la Agencia Tributaria que será determinante.
