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La juez imputa a Marchena por la venta de los suelos de Mercasevilla

Un auto implica al ex gerente de Urbanismo sin aclarar los delitos. Un empresario dijo que Marchena le ofreció unas VPO si vendía la parcela que tenía en Mercasevilla.

el 21 oct 2010 / 12:00 h.

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El vicepresidente de la Agrupación Interés Económico, Manuel Marchena, tras el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín.

La supuesta adjudicación fraudulenta de los suelos de Mercasevilla ha salpicado ya al primer cargo político, después de que la juez del caso haya imputado a Manuel Marchena, ex gerente de Urbanismo y actual vicepresidente de la Agrupación de Interés Económico (AIE), de la que dependen varias empresas municipales. Junto a Marchena, la titular del Juzgado de Instrucción 6, Mercedes Alaya, también ha imputado a la subjefa de licencias de Urbanismo, Emilia Barrial, aunque por ahora no ha fijado ningún día para que declaren. Esta rama del caso suma ya los 13 imputados.

Hasta ahora el único cargo político que se había visto implicado era el entonces delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, pero en la otra vertiente del caso, la de las supuestas comisiones ilegales reclamadas a La Raza para la gestión de la Escuela de Hostelería, lo que le costó el puesto. Marchena es, además, el tercer hombre cercano al alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, vinculado en el caso, ya que también está imputado el ex asesor del grupo municipal socialista Domingo Enrique Castaño y el ex edil y ex presidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo.

El auto, dictado el miércoles y notificado ayer a las partes, señala que "del examen de la documentación que se ha practicado, y sin perjuicio de posteriores resoluciones, se desprende la presunta participación en los hechos investigados" tanto de Marchena como de Barrial. Sin embargo, no concreta cuál es la participación de cada uno en la supuesta trama y qué delitos cometieron con su actuación.

No obstante, de las investigaciones realizadas se puede desprender que la imputación de Marchena se debe a las declaraciones de uno de los propietarios de la empresa Larena 98, que tenía una parcela en Mercasevilla en la que pretendía construir unas naves, quien señaló a la Policía Judicial y en el juzgado que el ex gerente de Urbanismo le ofreció la adjudicación directa de la construcción de unas VPO a cambio de su salida de Mercasevilla. El objetivo era que Sando se hiciera con esos terrenos, con los que la constructora pudo finalmente obtener más puntos en el concurso público, pese a que su oferta económica no era la más elevada.

Asimismo, y en vista de la declaración de la subjefa de licencias, la magistrada entiende que en Urbanismo retrasaron la resolución de la licencia de Larena 98 para poder construir las naves, que posteriormente fue otorgada a Sando. Barrial explicó en un cuestionario escrito entregado a la Policía Judicial, que el expediente de Larena 98 se retrasó porque se le requirió en varias ocasiones para que aportarse diversa documentación para poder continuar con la tramitación de la licencia. Sin embargo, la constructora no contestó y el procedimiento, que estuvo casi tres años tramitándose, "caducó por estar más de tres meses paralizado". Posteriormente, fue Sando, una vez que se hizo con la parcela de Larena, la que solicitó la licencia, durando el proceso sólo "un año y dos meses".

En el auto, la magistrada también cita a declarar el próximo 12 de noviembre como testigos al secretario general de Mercasa (empresa estatal que posee el 49% de Mercasevilla), Arturo Cortés de la Cruz; y al director de staff de presidencia de la citada empresa, Ángel Gil Pascual. Ambos serán interrogados sobre el pliego de condiciones para convocar el concurso público, ya que Mercasa también lo supervisó.

La juez cree que en el pliego se incluyeron varias cláusulas que no son legales y que beneficiaron a Sando, ya que se hicieron, a su juicio, a medida. Uno de esos puntos es el derecho de superficie, gracias al cual la constructora obtuvo más puntos al haber comprado la parcela de Larena.


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