La juez de Instrucción número 5 de Madrid, Carmen Valcárcel, ha llamado a declarar en calidad de imputados a tres asesores de seguridad de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid por el caso de los presuntos espionajes a políticos en Madrid.
Los tres imputados, que deberán declarar el 30 de julio, son José Oreja y Antonio Coronado, José Luis Caro Vinagre, quienes trabajaban directamente para el consejero Francisco Granados. La juez justifica esta petición en las gestiones realizadas por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal. La juez investiga si hubo malversación de fondos por parte de la Consejería de Interior para sufragar los gastos de los supuestos espionajes sufridos tanto por el ex consejero de Justicia Alfredo Prada como por el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ambos del PP.
La jueza, que descarta así archivar las diligencias, reclama con esta providencia poder interrogar a tres de los ex guardias civiles que el propio Prada pidió hace unas semanas que fueran imputados conforme a los datos que arrojan los informes policiales sobre las presuntas vigilancias ilegales que sufrió entre abril y marzo de 2008, antes del Congreso de Valencia del PP que reeligió a Rajoy presidente del partido.
En concreto, la magistrada tiene sobre su mesa desde el pasado 24 de junio un escrito remitido por el diputado regional del Partido Popular en el que solicita que cite a declarar como imputados a dos técnicos y seis asesores del departamento de Francisco Granados ante sus sospechas de que podrían estar detrás de los seguimientos que sufrió.
En el documento, Prada reclamaba a la magistrada que incoara diligencias previas contra el técnico especialista en Seguridad, José Manuel Pinto; el eventual de confianza de la Consejería, José Palomo; y los asesores de seguridad eventuales, José Oreja y Antonio Coronado, José Luis Caro Vinagre, Belén Espartero, José Manuel Rodríguez y Roberto Casielles. Prada se basaba en que los agentes que elaboraron los partes de seguimientos se referían en los mismos al departamento donde trabajaban, la Dirección General de Seguridad de la Consejería de Interior.
Asimismo, dos informes periciales encargados por el diario El País señalan a José Manuel Pinto como autor de algunos partes.
Asimismo, el escrito reclamaba que se cite a Prada a presencia judicial al objeto que proceda a la ratificación y, en su caso, a la ampliación de la denuncia que presentó ante la Fiscalía.
Prada también reclamó en otro escrito una prueba pericial caligráfica de las mismas personas y que, junto con los documentos originales que obran en la causa, se remitieran a la Comisaría General de la Policía Científica, Servicio de Técnica Policial y la Sección de Documentoscopia para que los peritos caligráficos de los distintos departamentos determinen la autoría de los documentos que obran en la causa y si los escritos han sido realmente confeccionados por las personas citadas.
Tras conocer la citación del juzgado, la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, afirmó que la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, trata de desviar la atención de las nuevas imputaciones por el caso de los presuntos espionajes con insultos al jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero. "Esperanza Aguirre trata de desviar la atención, como lo ha hecho, con insultos. Y es que la presidenta autonómica se refirió al presidente del Gobierno como un "sindicalista retrógrado y piquetero", tras añadir que actuaba desde la "prepotencia" en su diálogo con la patronal a cuenta de las reformas económicas frente a la crisis.
