Tres nuevos imputados más, y ya van ocho en la causa abierta por las presuntas irregularidades en la adjudicación del concurso para la venta del suelo de Mercasevilla. La titular del Juzgado de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, ha dictado un nuevo auto, dictado el pasado 6 de noviembre, en el que emplaza a tres directivos de Sando, la empresa adjudicataria, para que ejerzan su derecho a la defensa como imputados, según establece el artículo 118 del Código Penal.
En concreto, la magistrada se dirige contra el presidente de la promotora malagueña, José Luis Sánchez Domínguez; contra su hijo, vicepresidente y consejero delegado, Luis Sánchez Manzano; y contra el vicepresidente ejecutivo del área inmobiliaria, José Luis Miró Morales. En el auto, la juez les emplaza a "ejercitar el derecho de defensa" que tiene "toda persona la que se impute un hecho punible", según recoge el artículo antes citado. Un proceso que supone un paso previo a que sean citados a declarar. No obstante, ayer el auto aún no había sido notificado a los directivos de Sando.
Además, el auto también reclama al Registro de la Propiedad de Málaga que "a la mayor brevedad posible" se remita al juzgado la historia registral de Sando y pone en conocimiento de las partes, "a los efectos que procedan", que la empresa que audita las cuentas de Sanma (la filial de Sando que se hizo con el concurso) es Deloitte, la misma que ha realizado la nueva auditoría de Mercasevilla, en la que se han detectado numerosas irregularidades en la contabilidad.
La imputación de los responsables se produce después de que la semana pasada el juzgado le solicitara a la Policía Judical que identificase "al directivo o los directivos de Sando que hayan intervenido en la subrogación del derecho de superficie". Este derecho fue una de las cláusulas que se incluyeron en el pliego de condiciones y que dieron a Sando la oportunidad de obtener más puntos sobre la oferta del Grupo Noga, cuyo representante en la mesa de contratación, Antonio Barba Ruiz, también ha sido citado a declarar, aunque como testigo, para el próximo 30 de noviembre.
Ese mismo día, también ha sido citado el profesor de Economía Aplicada Antonio Pajares Ruiz, que elaboró un informe sobre cómo se debía valorar esta cláusula, una de las tres sobre las que se centra la investigación judicial, que fue utilizado por el economista José Antonio Ripollés, uno de los técnicos imputados en esta causa.
Sospechas. La juez abrió una investigación sobre la venta de los terrenos de Mercasevilla a Sando, a raíz de que iniciara una investigación por el presunto intento de cobro de comisiones ilegales por parte del ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet y su adjunto, Daniel Ponce. La magistrada, como ya hiciera la Fiscalía, comenzó a investigar la mayor operación económica que se había llevado a cabo en la empresa pública, detectando que los suelos se habían adjudicado a Sando pese a que su oferta era "antieconómica y contraria al interés general" frente a la de la compañía Noga, que nunca inició acciones contra la decisión, aunque ahora la juez le ha invitado a personarse en la causa.
La magistrada considera que en el pliego de condiciones se incluyeron tres cláusulas que "claramente" beneficiaban a Sando, por lo que imputó a Mellet. Posteriormente, seguirían las imputaciones del ex secretario Jorge Piñero, Ripollés y la técnico María Victoria Bustamante, que también participó en la elaboración del pliego. De hecho, la juez también está investigando varios correos electrónicos enviados entre ella y la secretaria de Mellet, que contenían modificaciones a los pliegos. La semana fue el ex asesor del alcalde Domingo Enrique Castaño, que en ese momento era consejero de Mercasevilla y director de Vía Pública.